CIUDAD DE MÉXICO.- La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) mencionó en una rueda de prensa que “de aprobarse [la] reforma [eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador] en sus términos actuales, el sector comercial moderno tendría afectación entre 30% y 40% en el costo de energía eléctrica”.
La declaración se suma a otras expuestas por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) o el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que desestabilizan a la opinión pública con especulaciones alarmistas —y sin fundamento— diciendo que la reforma afectará la economía y las inversiones en el país.
Como hemos mencionado reiteradamente, la reforma tiene como propósito que la energía eléctrica llegue a todos los habitantes de México a través de la tarifa más justa que, además, crezca por debajo de la inflación.
Al ver en peligro el esquema perverso que fomentó la reforma de 2013, quizás algunos empresarios hacen declaraciones sensacionalistas para distraer la atención de la opinión pública.
Los permisos de autoabasto, por citar sólo un caso, sirven para ejemplificar cómo funciona este esquema para algunas empresas.
Los permisos originalmente se otorgaron para que grandes fábricas generaran y consumieran su propia electricidad, pero fomentaron un mercado paralelo ilegal donde algunos permisionarios simularon tener “socios de un dólar” para vender esa electricidad utilizando las líneas de transmisión de la CFE para transportar su energía de una región a otra sin cubrir el costo real. Hoy hay registradas 239 centrales de autoabasto, un monopolio privado que tiene más de 77 mil 700 socios/clientes.
La energía eléctrica es un derecho universal que debe gestionarse por el Estado como parte de una estrategia para mejorar el entorno social. E invita a los privados a que se sumen en esta meta generando el 46% de la energía del país. Eso es lo que busca la actual propuesta de reforma eléctrica.
AM.MX/fm
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