Es evidente —política, ética y jurídicamente— que si se demuestra que un funcionario federal ha usado electoralmente recursos, programas o estructuras gubernamentales, es obligado despedirlo de inmediato y procesarlo penalmente. Esta es una realidad que cualquier servidor público, sea cual sea su nivel, debe tener siempre presente.
Quien hace un trueque de votos por dinero no crea ciudadanos, sino clientes; tampoco fomenta la democracia, sino la sumisión. Se trata de algo más grande que un delito. Es también una muestra de mezquindad, pues se saca provecho de los más indefensos, de aquellos a quienes la pobreza y el hambre vuelven presa fácil de los “mapaches”.
Sobre esa base se sostienen las exigencias de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional de que se sancione y se investigue el supuesto desvío de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social con fines electorales, en el estado de Veracruz. En eso hay un consenso generalizado.
Sin embargo, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, dirigentes del PAN y el PRD, han cruzado la línea entre el legítima reclamo de justicia y la creación de una campaña mediática para generarse ganancias políticas. No les importa lo que diga la ley, sino lo que publique la prensa.
Con esa actitud han puesto en jaque al Pacto por México, lo cual no puede verse sino como un chantaje. Además, resulta contradictorio amenazar con retirarse de este espacio de encuentro porque es precisamente ahí donde el diálogo es instrumento para proponer o exigir que se eviten esas prácticas vergonzantes. Se está buscando, pues, emplazar al Gobierno Federal, más que buscar una solución jurídica y democrática.
Es especialmente paradójica la actitud de Gustavo Madero, quien nunca expresó queja alguna aun sabiendo de las marrullerías del gobierno de Calderón y de los muchos funcionarios que usaban con fines electorales su posición, programas sociales y estructuras a su cargo. No solo estuvo informado de acciones tramposas, también las solapó.
Recordemos que en la elección a gobernador de Michoacán se usaron recursos públicos para apoyar a la hermana del entonces presidente. Lo supo Madero. Otro caso, de muchos más, fue que Yunes hizo derroche de recursos del ISSSTE en beneficio de su proyecto en Veracruz. De ello también tuvo conocimiento el presidente del PAN.
Asimismo, en diversos gobiernos estatales y municipales emanados de Acción Nacional ha habido escándalos de corrupción que no merecieron respuestas enérgicas de Madero; incluso, hubo panistas que lo acusaron de recompensar con espacios a corruptos, como en Nuevo León. Si ahora puede probar su acusación, qué bueno, pero su omisión ante los escandalosos excesos del calderonato lo exhibe incongruente. El buen juez por su casa empieza.
Ante este escenario, es indispensable actuar con serenidad y anteponer el interés nacional, dialogar con manos y mente abiertas, con generosidad y, sobre todo, sin actitudes chantajistas.
Hay que entender que el Pacto por México no puede ser usado para beneficiar a un proyecto político o para acotar el campo de acción del Presidente. Pues usarlo con esa finalidad es pervertir su naturaleza y es, también, utilizar al Estado con fines partidistas.
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