Ciudad de México, 5 de noviembre de 2025 – En reacción al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo, ocurrido este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer una estrategia integral destinada a frenar la violencia en el estado de Michoacán. La iniciativa —denominada “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”— se presenta como un nuevo comienzo en materia de seguridad, desarrollo y cultura ciudadana.
Contexto
Michoacán ha sido escenario de altos niveles de violencia y enfrentamientos entre células criminales, situación que ha puesto al estado en el centro de alertas tanto locales como federales. El homicidio de Carlos Manzo, que ya generó protestas y muestras de indignación social, fue el detonador para el anuncio de este plan.
En su conferencia matutina, Sheinbaum dejó claro que la estrategia no será una “guerra contra el narco” más, sino que apuesta por un enfoque diferente: “la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida”, dijo la mandataria.
Estructura del plan: tres ejes fundamentales
Según lo anunciado, el plan se organiza en tres grandes rubros: seguridad & justicia; desarrollo económico con justicia; educación y cultura para la paz. A continuación, un resumen de lo que contiene cada uno.
1. Seguridad y justicia
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Refuerzo de la presencia de fuerzas federales en Michoacán: Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la policía estatal y la fiscalía local trabajarán de forma coordinada.
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Establecimiento de mesas quincenales de seguridad entre autoridades federales, estatales y municipales.
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Creación de una fiscalía especializada en delitos de alto impacto (homicidios, extorsión).
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Sistema de alerta para presidentes municipales y fortalecimiento de canales de denuncia anónima.
2. Desarrollo económico con justicia
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Mejora de condiciones laborales para jornaleros agrícolas: salarios dignos y seguridad social.
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Infraestructura rural y “Polos de Desarrollo para el Bienestar” que apunten a las comunidades más impactadas por la violencia.
3. Educación y cultura para la paz
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“Escuelas de Cultura de Paz”, programas de reinserción y atención a víctimas. Becas para transporte de estudiantes universitarios, diálogos por la paz, iniciativas culturales y deportivas comunitarias. Participación social y diseño comunitario
Uno de los aspectos más destacados del plan es que se basará en consultas con diversos sectores: comunidades indígenas, mujeres, jóvenes, autoridades municipales, iglesias, sectores productivos y sociales del estado. “Queremos construir este plan con el pueblo de Michoacán”, subrayó Sheinbaum.
El plan ya comenzó con reuniones de gabinete y coordinación de trabajo para esta fase de consulta.
Dudas, críticas y retos
Aunque la iniciativa ha sido bien recibida por algunos sectores por su carácter integral, no ha faltado la crítica:
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Columnistas han señalado que el plan guarda similitudes con estrategias del pasado, en particular con el “Plan Michoacán – Juntos lo vamos a lograr” del gobierno federal anterior, lo que abre el debate sobre su originalidad.
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El reto de coordinación real entre instancias federales, estatales y municipales: Michoacán requiere no solo diseño sino ejecución efectiva en territorios donde la presencia del Estado ha sido débil.
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La medición de resultados y la garantía de que las acciones no queden solo en anuncios.
¿Qué sigue?
El plan será formalmente presentado en los próximos días, luego de la fase de consulta y diálogo con los sectores involucrados. La tarea inmediata será desplegar las mesas de trabajo, definir responsabilidades y lanzar los primeros “puntos de inflexión” que permitan visibilizar avances concretos.
Conclusión
En una coyuntura crítica para Michoacán, donde la indignación social por la violencia y los homicidios ha alcanzado un punto alto, la presidenta Claudia Sheinbaum apuesta por una estrategia que va más allá del uso de la fuerza: pretende combinar justicia, desarrollo y cultura para la paz. El éxito del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” dependerá de la capacidad del gobierno federal y estatal para transformar los compromisos en realidades tangibles para los ciudadanos.
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