Ismael Eslava, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), afirmó que bajo ninguna circunstancia se ha excluido la eventual responsabilidad de los servidores públicos que hayan intervenido en los hechos registrados en enero pasado, en Apatzingán, Michoacán, luego de la recomendación emitida por este organismo, por el «uso excesivo» de la fuerza que derivó en la muerte de seis personas.
En entrevista para el espacio de Contraportada, detalló que fueron varias razones importantes a destacar. Los hechos del 6 de enero de este año, se desarrollaron en dos eventos: el primero aproximadamente entre las 02:30 de la madrugada y 07:40 de la mañana, y el segundo entre las 07:41 y las 11:30 horas aproximadamente.
«Dentro de los aspectos que la Comisión Nacional ha destacado es que en el presente caso, y en especial en el segundo momento, se acreditaron violaciones a derechos humanos conforme a estándares internacionales, en virtud de que se acreditó que hubiera uso excesivo de la fuerza que derivó en la privación de la vida de cinco personas y, además, la ejecución extrajudicial de una persona más. Estos hechos atribuidos a elementos de la Policía Federal», señaló.
Además, destacó otros aspectos que la CNDH logró acreditar en el desarrollo de la investigación y que motivó la recomendación tres de este año, por violaciones graves a Derechos Humanos, imputables a elementos de la Policía Federal.
Detalló que dentro de los puntos recomendados por la Comisión Nacional, «está que las autoridades de la Comisión Nacional de Seguridad deberán de colaborar en las investigaciones ministeriales que tiene a su cargo la Procuraduría General de la República (PGR).
«Con independencia de esta situación, la Comisión va a presentar también queja y denuncia por estos hechos ante la instancia de procuración federal y se ha solicitado la colaboración por parte de las autoridades de la Comisión Nacional de Seguridad referida a esos aspectos específicos de los que estamos hablando».
En ese sentido, fue enfático al señalar que «bajo ninguna circunstancia se ha excluido la eventual responsabilidad de los servidores públicos que hayan intervenido en estos hechos.
La Comisión Nacional, en el desarrollo de sus investigaciones, si bien acreditó hechos violatorios a Derechos Humanos, y en particular las violaciones graves a Derechos Humanos, también es que la investigación no llegó a identificar quiénes fueron los responsables; es decir, las personas que intervinieron en estos hechos violatorios a Derechos Humanos».
En relación a la respuesta de las autoridades federales a la recomendación apuntó: «Me parece que es positiva, que alienta el hecho de que se haya aceptado en sus términos la recomendación y el compromiso que asumió el comisionado (Nacional de Seguridad, Renato Sales) de proceder no solamente a la investigación y la colaboración para el esclarecimiento de los hechos sino además el hecho de que se haya aceptado la recomendación de este organismo nacional».
Aclaró que se deben tener presente de que existen reglas y normativas en el uso de la fuerza. «Puedo señalar que el combate a la delincuencia no está reñido con el respeto a los derechos humanos, de tal suerte que en cualquier caso que se acredite violación a derechos humanos, la obligación legal y constitucional de este organismo nacional es hacerlo bien».
INF./GRUPO FÓRMULA