A cuatro meses de la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Procuraduría General de la República (PGR) y al gobierno del Estado de México por irregularidades en la investigación de este caso.
El ombudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva señaló que la investigación realizada por la comisión «nos permite, número uno, tener muy claro que la versión oficial que circuló originalmente es una versión que fue prefabricada».
En entrevista con Óscar Mario Beteta, Plascencia Villanueva explicó que los cuerpos fueron movidos, se alteró el lugar de los hechos y no se investigó adecuadamente al personal involucrado en el enfrentamiento.
«Además se configuran otros delitos que tienen que ver con una afectación a la procuración de justicia, con una imputación indebida de hechos con una investigación que no llegó a fondo», sostuvo el Ombudsman.
Plascencia señaló que la comisión que preside logró acreditar la ejecución de 15 de las 22 personas que murieron en Tlatlaya, expuso que hace falta determinar quién dio la orden de mover los cuerpos, de sembrar armas, de modificar la declaración de los elementos militares.
A pregunta expresa del por qué se ejecutó a estas personas, Raúl Plascencia señaló que, de acuerdo con la declaración de testigos y sobrevivientes, los elementos del Ejército mexicano iban ejecutando a las personas luego de interrogarlas. «Cuatro de ellos presentan signos antes de haber sido privados de la vida; y uno de ellos presenta signos de haber sido desnucado antes de haber sido terminado de ejecutar con disparos hacia el abdomen», precisó.
Agregó que las manchas de sangre en la pared de la bodega, permitieron determinar que antes de ser ejecutadas, las personas habrían estado en cuclillas o hincados; luego los cuerpos fueron movidos.
Tanto la investigación como los testigos dan cuenta que los delincuentes comenzaron la agresión al percatarse de la presencia del Ejército mexicano. Aunque existe la posibilidad de que las personas que estaban en la bodega eran parte de un cártel delincuencial, Raúl Plascencia aseguró que «tampoco es justificación para que se ejecute a nadie».
Aunque hasta el momento hay ocho militares detenidos, quienes llegaron en la patrulla y participaron en el enfrentamiento; aún falta investigar y determinar responsabilidades por la ejecución, por alterar el lugar de los hechos y por «haber aceptado informes que no corresponden a la realidad».
La recomendación de la CNDH para la Sedena y al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, consiste en investigar a fondo no solo a los elementos que llegaron a la bodega a bordo de una patrulla, sino también a los que participaron en la modificación de la escena; a la PGR se ha solicitado tomar en cuenta esta investigación, pues, en el caso de las dos mujeres detenidas, acusadas por el delito de acopio de armas, se sabe que se trata de dos sexoservidoras que acudieron a la bodega a prestar sus servicios.
Raúl Plascencia precisó que el grupo de personas que estaban en la bodega ubicada en San Pedro Limón, llegaron al lugar «procedentes de algún otro punto del estado de Guerrero, de tal manera que no encontramos ninguna vinculación con el presidente municipal (Ariel Mora)».
Sin embargo, reconoció que se trata de una zona con intensa presencia del crimen organizado.
Finalmente, Raúl Plascencia comentó que hoy decidirá si buscará la reelección como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
INF./GRUPO FÓRMULA