La Comisión de Zonas Metropolitanas, que preside la diputada María Elena Limón García (MC), aprobó exhortar a las entidades federativas y los municipios que formen parte de una zona metropolitana a constituir e integrar un Instituto Metropolitano de Planeación. como lo establece la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
El dictamen a la proposición con punto de acuerdo, presentado por el diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, de Morena, fue avalado por unanimidad de 15 votos.
El diputado Pérez Hernández dijo que el fin es recuperar la importancia que tienen los municipios como la base del federalismo mexicano.
Indicó que el crecimiento demográfico se ha concentrado cada vez más en áreas urbanas, lo que genera un sinfín de interdependencias entre la población y el gobierno, esencialmente en los niveles municipal y de las entidades federativas.
Ante esto, agregó, es necesario que el gobierno busque modelos de gestión que permitan tomar decisiones más eficaces que garanticen a la población una convivencia social armónica.
Comentó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Consejo Nacional de Población elaboraron un documento denominado el Sistema Urbano Nacional 2018 que ofrece una base metodológica que apoyará en el diseño de políticas públicas para el territorio, la dinámica de los asentamientos humanos y la promoción del desarrollo urbano y regional.
Ello, con el objetivo de responder a los retos de ordenar el territorio e incidir en el desarrollo de las ciudades, las regiones y del país, y construir mejores formas de gobernanza metropolitana, así como regular el crecimiento urbano.
La diputada Raquel Bonilla Herrera (Morena) dijo que es necesario crear un marco jurídico para las zonas metropolitanas de todo el país. “Tenemos que seguir legislando para lograr una ley que cree el marco jurídico”.
Del PRD, la diputada Gabriela Sodí Miranda indicó que es urgente que esto se regule y “se nombren varias zonas metropolitanas para que se ajusten a una normatividad que nos urge para poner orden, ya que hay problemas con las tierras y usos de suelo”.
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