Tras posponer en varias ocasiones, por falta de acuerdos, la sesión para votar un paquete de iniciativas del gobernador Ney González Sánchez, los diputados de la 28 Legislatura estatal aprobaron por unanimidad la más grande reforma constitucional del actual sexenio en Nayarit.
Sin embargo, la bancada priísta no logró ponerse de acuerdo para impulsar la intención de González Sánchez de dotar de autonomía al procurador general de Justicia y nombrarlo para un periodo de cinco años, a nueve meses de concluir su sexenio.
Trascendió que los cuatro legisladores maestros de la sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no accedieron a respaldar lo que consideraron una “acción injerencista”.
Con las nuevas reformas avaladas, la Constitución del estado establece la iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum como formas de participación ciudadana para hacer leyes, calificar a sus gobernantes y decidir en actos del gobierno.
Además, conceden autonomía financiera al Poder Judicial, que dependía económicamente de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo, así como el reconocimiento constitucional de la Universidad Autónoma de Nayarit, máxima casa de estudios del estado fundada en 1969.
Por nuevo mandato constitucional, el secretario de Seguridad Pública será ratificado por el Poder Legislativo y se dotará de facultades al Congreso para evaluar el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo.
Las enmiendas comprenden la iniciativa preferente del gobernador, el control a priori de la constitucionalidad de las leyes y el facultamiento a la diputación permanente para dictar acuerdo, a fin de conformar las comisiones de Gobierno Legislativo,
Otros temas integrados son la delimitación territorial y colindancias con otras entidades federativas y entre municipios del estado; la ampliación del catálogo de derechos fundamentales de los nayaritas y reconocimiento de los derechos derivados de los tratados internacionales suscritos por México.
En materia municipal, se autoriza la realización de convenios o contratos de asociación público-privada entre ayuntamientos y particulares para la prestación temporal de servicios y operación de obras, y las alcaldías podrán autorizar presupuestos multianuales.
Agencia El Universal
