CULIACÁN, Sin.- Mario López Valdez, Malova, arrancó su administración con el anuncio de que se coordinará con todas las fuerzas federales para diseñar acciones para combatir a la delincuencia, aunque lamentó que heredó una policía estatal preventiva y ministerial “maltrecha y con agentes temerosos”.
Como uno de sus primeros actos de gobierno, designó a los miembros de su gabinete, cuyas figuras, tienen relación con los diversos partidos políticos, entre ellos el PRI y nombró como encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, a Martín Robles Armenta, quien hasta el viernes fungía como subprocurador en la zona centro.
Dijo que espera que el Consejo Estatal de Seguridad Pública, órgano ciudadano local, sesione y emite la terna para seleccionar al nuevo procurador de Justicia, cuya nominación tiene que ser avalada por el Congreso del estado.
López Velarde, recordó que en octubre de 2010, en la reunión denominada Acuerdos de Chihuahua, con el gabinete de Seguridad Nacional que presidió el mandatario Felipe Calderón, con los entonces gobernadores electos, se suscribieron compromisos sobre la formación de nuevos agentes tendientes a integrar la Policía Única, los cuales se tendrían que desahogar en los seis meses siguientes.
Reconoció que en el caso de Sinaloa, la formación de 400 nuevos agentes de élite no fue cubierta, puesto que pese a las convocatorias emitidas, la respuesta fue muy baja y los pocos que se inscribieron, no pasaron el control de confianza. Expresó la preocupación recogida de los 18 nuevos alcaldes sobre sus direcciones de seguridad que tienen escasos elementos y requieren una restructuración urgente.
Malova dio a conocer que su gobierno tiene proyectado la formación de unidades élite para tener una respuesta más fuerte contra la delincuencia y anunció que “esos elementos gozarán de salarios atractivos, capacitación constante, equipo y armas más modernas”.
Unas horas antes, al rendir protesta como gobernador de la entidad, garantizó que en su gobierno, no surgirán nuevos ricos y estableció el criterio de promover la desapareción de la figura de síndico procurador de los Ayuntamientos, convertir a los regidores de los cabildos, en cargos honorarios y adelantó que se propone castigar, de forma enérgica, la corrupción, peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
Agencia El Universal