Son excesivas las prerrogativas de los partidos políticos y un insulto para los mexicanos; máxime cuando el país atraviesa situación de emergencia y hay entidades como Veracruz y Oaxaca donde los gobernadores salientes generaron “colapso financiero”.
Sus prerrogativas son: Acceso a radio y televisión en tiempos del Estado, financiamiento público, franquicias postales y telegráficas, y gozan de régimen fiscal (especial). Veamos:
FINANCIAMIENTO PÚBLICO
Para el 2017 (sin elecciones federales) los partidos con registro nacional recibirán en conjunto 3 mil 940 millones 984 mil 374 pesos como financiamiento público anual para actividades ordinarias permanentes.
¿Cómo se calcula? Multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral federal (al corte de julio de cada año) por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización UMA), la cual sustituye al salario mínimo como unidad.
En 2016 el UMA tuvo el mismo valor del salario mínimo: 73.04 pesos. Por lo tanto, el financiamiento público de los partidos para 2017 en realidad se calculó en base al 65% del salario mínimo ($47.476) multiplicado por 83 millones 10 mil 34 ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral al corte del 31 de julio del 2016.
¿Qué tal? A ver, ¿por qué no tomaron como factor el número de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal? Porque siempre son menos que los registrados en el Padrón Electoral. Júrenlo que de existir registro más alto, lo tomarían para tener más financiamiento público.
Claro, como los partidos a través de sus legisladores hacen las leyes, pues se despacharon con la cuchara grande al establecer tal fórmula que solo mudaron del COFIPE a la Ley General de Partidos Políticos, y previamente la elevaron a rango constitucional.
Además se inventaron un financiamiento “para actividades específicas relativas a la educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, y a las tareas editoriales”, equivalente al 3% del monto total anual del financiamiento público por actividades ordinarias permanentes.
O sea, ¡el 3% del gran total! Así resulta que para 2017 los partidos con registro nacional tendrán 118 millones 229 mil 531 pesos para “actividades específicas”, que es el 3% de los 3 mil 940 millones 894 mil 374 pesos para actividades ordinarias permanentes.
Y no es todo.
En año electoral reciben adicionalmente “un financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto”, que se calcula sobre el financiamiento que corresponda a cada partido por actividades ordinarias en ese mismo año: 50% más cuando se elija Presidente de México, senadores y diputados federales, y 30% cuando solo se elijan diputados.
Todo el financiamiento público, en sus diferentes modalidades, se distribuye a los partidos en un 30% en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que haya obtenido cada uno en la elección de diputados de mayoría relativa inmediata anterior.
Y no se acaba.
Los partidos con registro nacional también gozan de financiamiento público para franquicias postales y telegráficas; en 2017 les corresponden 78 millones 819 mil 687 pesos y 693 mil 495 pesos, respectivamente.
En suma para 2017 por financiamiento público para actividades ordinarias permanentes, actividades específicas, franquicias postales y franquicias telegráficas, el financiamiento público total anual para los partidos con registro nacional suma 4 mil 138 millones 727 mil 87 pesos.
¿Les parece poco?
Pues a los partidos sí les parece. Pues además se establecieron en la ley (vía sus legisladores) el derecho a recibir financiamiento público de las entidades federativas. O sea, que además de recibir todo ese financiamiento federal asignado por el INE, tienen otro vía OPLE.
Y no es culpa de las autoridades electorales, porque éstas solamente distribuyen los montos que resultan de las fórmulas establecidas en la ley.
¿Les parece justo tanto financiamiento público en un país en crisis económica y con población mayoritariamente pobre? ¿Les parece honesto cuando la Nación enfrenta los embates de la liberación de los precios de las gasolinas y del diésel?
A la hora del cálculo y del reparto todos callan: PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, Convergencia, Panal, PES y Morena.
Solo protestan cuando la autoridad electoral aplica la ley para sancionarlos sobre el financiamiento público.
CASO OAXACA
En Oaxaca, como en todas las entidades federativas, el financiamiento público ordinario para los partidos se calcula igual, salvo que el Padrón Electoral aplicable es el correspondiente al estado.
Y para 2017 asciende a 127 millones 505 mil 166 pesos, más 3 millones 825 mil 154.98 para actividades correspondientes a educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, y tareas editoriales, haciendo un gran total de 131 millones 330 mil 320 pesos, el cual se distribuye entre los partidos con registro nacional y los partidos con registro local.
Pero como resultado del proceso electoral del 2016 en Oaxaca, el PES y el PVEM no alcanzaron el 3% de la votación exigida en la ley, por lo cual pierden su derecho a recibir el financiamiento público local.
Sin embargo, lo están solicitando y casi exigiendo al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) cuyo Consejo General este viernes resolverá el caso. Hasta donde se sabe, las y los consejeros electorales hasta ayer se mantenían firmes en cumplir la ley a pesar de las presiones oficiales para otorgar el financiamiento al PES y al PVEM, pero sobre todo a Encuentro Social.
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