A propósito de Díaz Ordaz
Quien sabe en qué momento en la historia de nuestro país se volvió costumbre erigir estatuas de políticos, sobre todo de ex presidentes y de ex gobernadores, así como poner su nombre a calles, colonias y hasta parques públicos.
Lo han hecho los partidos políticos que han gobernado la República Mexicana: El Revolucionario Institucional (PRI) y el Acción Nacional (PAN).
Y al parecer la mayoría de los casos han sido en ejercicio de los mandatarios, como una forma de quedar bien con ellos o de agradecer una acción o una obra de gobierno como si le hubiesen hecho un favor al pueblo cuando es su obligación llevarlas a cabo.
No obstante, sin más merecimiento, levantan la estatua o inscriben el nombre en todo tipo de espacio, incluidos auditorios, deportivos y plazas públicas. Vaya, hasta los presidentes municipales han adoptado la mala costumbre.
Lo anterior viene a colación por la petición de académicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y activistas del movimiento estudiantil del 1968, a las autoridades de la localidad de demoler monumentos y eliminar el nombre de calles, colonias y lugares que honren inmerecidamente al ex presidente Gustavo Díaz Ordaz.
El presidente a quien sobrevivientes atribuyen la matanza de estudiantes ocurrida el 2 de octubre del 68 en la Plaza de la Tres Culturas de Tlateloco, siendo entonces Secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez; sucesor presidencial de aquél.
Nadie de la talla de los hombres y mujeres que han forjado la Patria y las instituciones, merece el honor de erigirle estatuas o monumentos, ni de distinguirlos con poner su nombre a cualquier espacio público en todo lo ancho y largo del país.
Los servidores públicos, son eso precisamente; incluido el Presidente de México, los gobernadores, legisladores, presidentes municipales e integrantes de los órganos autónomos. Incluso, los dirigentes de los partidos políticos.
Y toda obra o acción la realizan con dinero público. Además, reciben una buena paga por el desempeño de la función. Claro, algunos hasta se despachan con la cuchara grande.
Entonces, ¿por qué honrarlos poniendo su nombre en calles, colonias, edificios, fraccionamientos, jardines y mercados?
¡Es hora de terminar con los honores inmerecidos!
Así que en la nueva era que vive nuestro país, la de la “cuarta transformación”, la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión tiene el deber de prohibir dar el nombre de los poderosos a los lugares públicos, así como levantarles estatuas.
¿Qué legislador o legisladora se apunta con la iniciativa de ley general?
Una iniciativa donde se ordene, además, cambiar de nombre a las calles, colonias y todo espacio público que actualmente lleven el apelativo de ex presidentes, ex gobernadores y ex munícipes, así como de cualquier ex servidor público.
Claro, pueden establecerse excepciones. Por ejemplo, cuando el servidor público haya dado la vida por la Patria, que no es lo mismo ser asesinado por miembros del propio partido o muerto en un accidente.
No es cosa de juego. Imagínense cuántos espacios públicos llevan el nombre de un ex gobernador en aquellas entidades federativas donde han encontrado fosas con decenas o cientos de cadáveres, donde el crimen organizado ha sentado sus reales, donde la pobreza se enseñorea.
¿Cuántos lugares públicos en Veracruz llevarán el nombre de Javier Duarte de Ochoa? ¿O en Guerrero el nombre de ex gobernadores?
Amén de una ley general, que también los Congresos Locales hagan lo correspondiente para prohibir el uso de nombres de políticos para lugares públicos.
EN LAS PLACAS Y COMUNICADOS OFICIALES
Es costumbre también develar placas alusivas cuando inauguran algún edificio, con la inscripción del nombre del Presidente de México, gobernador, presidente municipal o legisladores en turno. Debe terminar tan mala práctica.
Las placas solo deben llevar el año de la inauguración y el nombre de la institución. Por ejemplo: Presidencia de la República, Gobierno del Estado, “X” Legislatura, etc. Así, a secas. Ya no más caravana con sombrero ajeno.
Igualmente debe prohibirse que en los comunicados o boletines se atribuya al mandatario en turno la obra o la acción de gobierno; o al legislador.
Es usual menciones como la siguiente: “El presidente Enrique Peña Nieto entregó mil millones de pesos para proyectos productivos”.
¿Por qué, si el dinero es del pueblo? Lo correcto es atribuirlo a la institución. Por ejemplo: “La Presidencia de la República entregó mil millones de pesos para proyectos productivos.” Nada más, sin el nombre del mandatario en turno.
Morena como fuerza mayoritaria legislativa y Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México, tienen del deber moral de terminar con los honores inmerecidos a los servidores públicos.
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