Es praxis política (y muy mala costumbre) que los gobernadores de las entidades federativas dispongan de recursos públicos para financiar campañas electorales de candidatos y candidatas de su respectivo partido político a todo cargo de elección popular; incluso, para abanderados de coaliciones cuando compiten bajo esta figura jurídica.
Es más, cuando hay pleito encarnizado entre grupos internos partidistas, y los candidatos son contrarios al grupo de gobernador, éste suele apoyar al abanderado opositor más fuerte. ¿Y de dónde salen los recursos? ¡De las arcas públicas! Ni modo que del bolsillo del mandatario.
Así que dada la praxis no es ninguna novedad que César Horacio Duarte, siendo gobernador de Chihuahua, haya ordenado desviar al menos 250 millones de pesos para campañas electorales del PRI en la pasada contienda electoral en la cual se renovó la gubernatura, el Congreso y los 67 ayuntamientos, según reveló un testigo protegido.
La novedad quizá sea la denuncia puntual y detallada en contra del ahora ex gobernador.
¿Y solamente los gobernadores emanados del PRI financian campañas electorales? No. Desafortunadamente la canalización de dinero público a campañas la hacen los mandatarios de todas las filiaciones políticas, y tal práctica es tan recurrente que en los círculos políticos es vista como algo muy normal.
Claro, habrá sus excepciones.
Sin embargo, hay casos muy evidentes, pero difíciles de comprobar; los mandatarios, sus funcionarios, los partidos políticos y los candidatos suelen ser muy cuidadosos, e inventan acciones de gobierno para justificar la aplicación de los recursos, como según ocurrió en Chihuahua.
Como dice la sabia filosofía popular, “el amor y el dinero no se pueden ocultar”. Y en las campañas, la autoridad administrativa electoral fija topes. No obstante, en los hechos se ven campañas electorales ostentosas, donde hay exceso de propaganda, despensas y regalitos como computadoras y refrigeradores, por ejemplo.
Y no se diga la inversión en la movilización el día de la jornada electoral: operación “tamal”, operación “carrusel”, acarreo de votantes, compra de estructuras electorales, compra de credenciales de elector a 500, 1000, 1500 y hasta 2000 pesos, etc.
¡Es increíble todo lo que se gasta en las campañas electorales! ¿Y de dónde sale? Debe salir de las diferentes fuentes de financiamiento autorizadas por la ley, entre ellas el financiamiento público otorgado por la autoridad electoral. ¿Y en verdad sale de las fuentes legales?
En fin. La realidad es distinta, al parecer. Chihuahua es un ejemplo.
Los servidores públicos y los partidos políticos se las arreglan para burlar las normas en materia de delitos electorales y en infracciones electorales administrativas, y a veces con la complicidad de las autoridades electorales.
En infracciones las sanciones no pasan de multitas, lo mismo cuando los partidos no comprueban totalmente sus ingresos y egresos; multitas que en ocasiones equivalen a un pellizco en comparación a lo no comprobado.
Y ahora, aún cuando existe una Ley General en Materia de Delitos Electorales, los tipos penales fueron redactados como para que nunca coincidan con la conductas desplegadas.
Ya se aproximan las campañas para las elecciones del 2018 de Presidente de México y diputados y senadores al Congreso de la Unión, además para los comicios concurrentes en algunas entidades federativas. Y si se dan cuenta, desde ahora los aspirantes a los distintos cargos de elección popular andan imparables sin reparar en gastos. ¿De dónde sale?
O son recursos públicos, o son recursos de procedencia ilícita.
¿DESPILFARRO EN LA SEGEGO DE OAXACA?
Ayer circuló una reveladora información que alguien subió a redes sociales. Se trata de una lista supuestamente de la Secretaría General de Gobierno (Segego) del Estado de Oaxaca, donde aparecen nombres de políticos y personas vinculadas a políticos, que se supone reciben una cantidad mensual por concepto de honorarios.
Incluso, aparecen nombres de personas muy cercanas al titular de dicha Secretaría, Alejandro Avilés Álvarez. Además de nombres donde delante de éstos dice lo siguiente: “S-22”.
Y llaman la atención los nombres de “Pepe Toño” con 100 mil pesos; Avilés 6/50 con 300 mil pesos y nuevamente Avilés 10/10 con 100 mil pesos, una tal Berenice con 70 mil pesos y un Javier Pérez con 140 mil pesos.
Además vienen conceptos como los siguientes: Plomero Dalias 3 mil pesos; Cel Maku 800 pesos; Luz casa Avilés 3 mil pesos, Monedas bolo 3 mil pesos, Boletos de avión a Cuba apoyo Noel 14 mil pesos, SAMS Ofi 3 mil 800 pesos, y aparece “Alex Cafetería” como cuatro veces con cantidades de 10 mil, 5 mil 200 y 50 mil pesos, así como 4 mil 600 pesos para gorras; limpieza cafetería 7 mil pesos, etc.
En total se registra más de un millón de pesos en un mes en ese tipo de honorarios y apoyos.
¿En eso gasta la Segego el dinero del pueblo? ¿O es información falsa? Mmm. Aunque hasta debajo de una de las dos hojas, aparecen cantidades escritas a mano, como la suma total y algo así como una autorización.
En fin. De ser verídica la información, cabe preguntar: ¿Quién viajó a Cuba en época de colapso financiero en el estado de Oaxaca? ¿Qué se compra mensualmente en SAMS? ¿Quién es Alex? ¿Cuál es la cafetería en la cuál invierte tanto dinero la Secretaría General de Gobierno? ¿A qué bolo se refieren? Etc.
Con justa razón la persona que subió la información a redes sociales derramó indignación en el texto con el cual acompañó las imágenes de las listas en comento, además de una fotografía donde aparece el titular de la Segego en una como cafetería.
Por razones de respeto a los Derechos Humanos, eliminamos las imágenes de las personas que acompañan al funcionario, pues es incierta la veracidad de la información y quizá pueda tratarse de una foto tomada en cualquier lugar.
Aquí les dejamos parte de la información:
***
Correo: rosyrama@hotmail.com