Rosy RAMALES
Ningún crédito debería merecer la “encuesta” realizada por el Congreso de Baja California para prorrogar el mandato del próximo gobernador, Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años, porque no tienen sustento legal.
Además, los principios del Pacto Federal no tienen por qué someterse a consulta; es tanto como preguntar si respetamos la Constitución General o no.
Baja California forma parte de una Unión; es decir, es una de las 31 entidades de los Estados Unidos Mexicanos; entonces debe acatar los principios de la Carta Magna.
Pero no, más bien ocurre lo contrario.
Bonilla Valdés como mandatario electo ha promovido asumir el cargo por cinco años, quizá con el propósito de poder concretar su plan de gobierno, para lo cual dos años serían insuficientes. Sin embargo, fue electo para éste último periodo plenamente validado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
No obstante, en franca desobediencia él y el Congreso Local promovieron una consulta fuera del orden legal, y además con preguntas tendenciosas; cuyos resultados según arrojan que el 84.2% de los votantes lo hizo a favor de ampliar de dos a cinco años el mandato de Bonilla Valdez, y la encuesta registró baja participación.
Ahora, en base a la misma, el Congreso de Baja California determinará si envía al Ejecutivo la reforma que amplía la gubernatura, para que sea publicada en el Periódico Oficial de aquella entidad y así el morenista asuma el cargo por cinco años.
Eso es lo que sigue. Y hasta el momento los órganos federales se mantienen en silencio.
Claro, una vez publicada la reforma los partidos políticos opositores a Morena, como lo son el PAN y el PRI, sobre todo Acción Nacional que ahí gobernaba, seguramente presentarán sendas acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
¿Prosperarán?
Deben prosperar ante la claridad de la franca afrenta al Pacto Federal. No obstante, la crisis por la que atraviesa el Poder Judicial hace dudar sobre el papel de la Corte ante el caso Bonilla.
Resulta inimaginable que la propia SCJN pueda ir en contra de la Constitución General cuando es el órgano encargado de velar por su respeto.
MAL PRECEDENTE
Dejar pasar la llamada “Ley Bonilla” sentaría un mal precedente en el país.
Sería un pésimo ejemplo para que en lo sucesivo las entidades federativas hagan lo que quieran, empezando por ampliar o acortar el periodo de los gobernadores cuando así convenga a intereses políticos.
¡Qué peligroso!
Es algo que debieran ver y analizar los senadores, sobre todo aquellos con aspiraciones a gobernador, así como la Conago.
¿UNA SEPARACIÓN?
Y sentaría un mal precedente para que en Baja California tanto el gobernador como el Congreso sigan haciendo su soberana gana ya encarrilada la rebeldía.
Así, no sería extraño que una vez asumido el mandato Bonilla Valdez promueva la separación de Baja California para adherirse a los Estados Unidos de Norteamérica, donde tiene vínculos.
Porque tiene o tenía la doble nacionalidad: Mexicana y estadounidense.
Bonilla Valdez nació en Tijuana, Baja California, y en algún momento debió residir en Estados Unidos, para haber adquirido la nacionalidad americana, lo cual le permitió en el 2000 lanzarse como candidato republicano para ser el director del Distrito de Agua de Otay, en Chula Vista, California; cargo que desempeñó de 2001 a 2012, luego de resultar reelecto en 2004 y 2008.
Ello ocurrió cuando George W. Bush se convirtió en el candidato republicano a la presidencia de Estado Unidos, según datos de la enciclopedia libre Wikipedia.
Posteriormente, continúa su carrera política en México, donde del 2012 al 2015 fue diputado federal, y en el 2018 se convirtió en Senador de la República por la coalición “Juntos Haremos Historia” de Baja California, cargo al cual solicitó licencia para contender por la gubernatura de esta entidad.
Así que conserve o no la doble nacionalidad, Jaime Bonilla aún puede tener vínculos políticos con Estados Unidos, y siendo gobernador de Baja California envalentonarse (como ahora con la prorroga del mandato) para promover la separación de esta entidad de México.
Parece descabellado y poco viable, pero si ahora se muestra irrespetuoso de los principios constitucionales de nuestro país, todo puede esperarse de él.
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