* A la distancia, existen fundadas sospechas que el segundo presidente panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa estalló la Guerra contra el Narcotráfico en busca del control sexenal de ese ilícito negocio en el mercado nacional.
* Como parte de las principales secuelas de la Guerra contra el Narcotráfico el mayor problema que dejaron a Fiscales y Procuradores de Justicia del país, es la estela de más de 250 mil asesinatos y alrededor de 50 mil desaparecidos.
La anticultura de la muerte con su diluvio de sangre llegó para quedarse. La inseguridad y violencia es el mayor negocio de gobernantes, políticos y empresarios dedicados a vender protección y seguridad.
Durante 13 años, la cada vez más brutal violencia e inseguridad, se entronizó y sentó sus reales en México. Cobró carta de naturalización, a partir de la estúpida guerra contra el narcotráfico.
A la distancia hay fundadas sospechas que el segundo presidente panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa estalló la Guerra contra el Narcotráfico en busca del control sexenal del mercado nacional, a través de Genaro García Luna.
Iniciada el 11 de diciembre de 2006, el operativo contra el narco en Michoacán, tierra natal de Calderón usando a las fuerzas armadas, fortaleció la sospecha de buscar apropiarse presidencialmente del ilícito negocio.
Servando Gómez alias La Tuta, líder de Los Templarios reveló que la senadora Luisa María Calderón, ex candadita al gobierno de Michoacán, fue la única que buscó acercamientos con ellos, durante la campaña de 2011 y aseguró que tiene videos con que comprobarlo.
Así lo dio a conocer a través de un video que circula por internet, en tanto que la senadora panista rechazó los señalamientos en su contra hechos por Servando Gómez en torno a que tuvo acercamientos con ellos durante 2011, cuando era candidata a la gobernación de Michoacán.
En diciembre de 2018, a días de tomar protesta, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el despliegue de 35 mil policías federales para el combate al crimen organizado.
Posteriormente, el presidente López Obrador señaló el 30 de enero de 2019, que la Guerra contra el Narcotráfico había terminado, buscando una nueva política contra el crimen organizado.
Como parte de las principales secuelas el mayor problema que dejaron a Fiscales y Procuradores de Justicia del país, es la estela de más de 250 mil asesinatos y alrededor de 50 mil desaparecidos.
La estimación deriva de las 29,903 Personas Extraviadas o Desaparecidas del Registro Nacional a octubre de 2016, de las cuales 28,937 corresponden al fuero común y 966 al fuero federal.
Estos delitos de lesa humanidad han venido a sumarse a la ya de suya pesada carga de los demás delitos dolosos, particularmente, los asesinatos de hombres y mujeres y los 295 feminicidios que totalizan en los tres primeros años de Alejandro Murat.
De ahí la trascendencia del acuerdo de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de continuar con los trabajos para implementar el Programa Nacional de Exhumaciones, creación de las unidades de búsqueda y de los lineamientos que incluya la participación de familiares.
En este marco, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDHPDSC), presentó los avances en la Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Cabe destacar que se han creado 19 fiscalías especializadas en materia de desaparición de personas y seis más que están en áreas de delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos, además que se ha capacitado a 189 servidores públicos.
Por otro lado, se planteó la necesidad que procuradurías y fiscalías registren delitos cometidos contra la población LGBTTTI de acuerdo con el Protocolo Nacional, con el propósito que se conozca la incidencia de crímenes de odio, visibilizar la violencia y diseñar políticas públicas.
Lo anterior, en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género con miras a la creación de un Sistema de Información Estadístico Nacional.
A su vez, la Coordinación General de Servicios Periciales presentó importantes avances en materia forense, en la que participan representantes de la sociedad civil, la Fiscalía General de la República y académicos.
Estos últimos podrán acudir a las instalaciones de las Procuradurías y Fiscalías Generales de los estados integrantes de las Zonas, con la finalidad de obtener información que permita conformar el diagnóstico del Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense.
Fue presentada, además, la creación de la Unidad Especializada para el Combate a los Delitos de Trata de Personas y Tortura dentro de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.
Durante las mesas de trabajo instaladas en la Primera Sesión Ordinaria Zonas Noreste y Noroeste de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, realizada en Ciudad Madero, Tamaulipas, procuradores y fiscales unieron esfuerzos para trabajar propuestas y proyectos en temas de procuración de justicia.
Se presentó, también, el Plan Estratégico de Transición de la Fiscalía General del Estado, el cual será compartido a través de la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
El objetivo ser analizado por las instancias de procuración de justicia del país respecto al funcionamiento operativo y de gestión que permitan generar una institución autónoma y efectiva que garantice el acceso de la justicia a la ciudadanía.
En otro orden de ideas, el Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General de la República, subrayó la importancia de contar con personal facilitador especializado en materia de Justicia Penal para Adolescentes en la que es experto el Fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez.
Por el anterior acuerdo que se definieron acciones necesarias a realizar en el ámbito de sus atribuciones, a efecto de cumplir con lo establecido en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Por su parte, la Subsecretaría de Seguridad y Participación Ciudadana presentó el plan de trabajo 2019 de la Coordinación Nacional Antisecuestro, instancia que manifestó su voluntad de participar en la implementación del Programa Nacional Antisecuestro, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, se trabajó en el proyecto de la “Ventanilla Única de Atención”, presentado por la Visitaduría General. Esta iniciativa opera en todas las Delegaciones y Subsedes del territorio nacional, y pretende optimizar el servicio de atención institucional para modificar la percepción de la ciudadanía en todas las áreas de atención al público.
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