* El colapso financiero por 40 mil millones, sin sanción a los corruptos, obliga a Alejandro Murat a pedir al Congreso autorizar la contratación de 3,500 millones en deuda pública para inversiones público productivas y el refinanciamiento de la deuda pública a largo plazo, por 13 mil millones.
* Probable complicidad resulta a José Ángel Díaz Navarro y a Jorge Emilio Iruegas Álvarez por negligentes o cómplices, a pesar de contar con la voluntad política del Gobernador en el combate a la corrupción, toda vez que fue su bandera de campaña electoral y lo es como gobierno.
A punto de iniciar el declive con el cuarto año de gobierno, cobran vida al volver del pasado las palabras de Alejandro Murat al tomar posesión “Oaxaca enfrenta un colapso social y financiero, además de serios problemas en materia de salud, transporte y seguridad pública”.
Dijo que recibía un estado colapsado y que para cambiar el devenir y la realidad de la entidad era necesario que se tenga la “más amplia voluntad política de todos los actores” y que empezaría por el gobierno. “Mi compromiso es sacar adelante a Oaxaca”, prometió.
Oaxaca enfrentaba una severa deuda a proveedores que dejó la administración de Gabino Cué Monteagudo, la cual ascendía inicialmente a 2,500 millones de pesos, entre otros montos, con lo que, Murat resaltó, la entidad necesita una reestructura administrativa y financiera.
Antier, nuevamente Alejandro Murat, recriminó a sus antecesores Ulises Ruiz y Gabino Cué, ya que le heredaron una deuda de más de 30 mil millones de pesos, que le costará el resto del sexenio saldar para dejar finanzas sanas a quien le suceda en el cargo.
A esta friolera se suman 10 mil millones de pesos más de deuda acumulada durante los tres primeros años de gobierno muratista a proveedores, lo que arroja un total de deuda “basura” histórica de 40 mil millones de pesos, que tendremos que pagar los oaxaqueños.
Ello obliga al Mandatario Estatal a pedir al Congreso, autorizar la contratación de 3 mil 500 millones de pesos en deuda pública para 118 inversiones público productivas y el refinanciamiento de la actual deuda pública a largo plazo, que asciende a 13 mil 101 millones 902 mil 508.56 pesos.
El gobernador denunció, otra vez, que las malas administraciones que tuvo Oaxaca, en los últimos 12 años acrecentaron los rezagos, la pobreza y limitó la capacidad de operación del gobierno estatal, porque dejaron deuda “basura” sin contrapeso, ni activos.
Han transcurrido 1,025 días en 34 meses y tres años de gobierno, sin embargo, no solo los ex gobernadores Ulises Ruiz y Gabino Cué siguen impunes, sino sobre todo sus operadores financieros Miguel Ángel Ortega Habib y Jorge Enrique Castillo Díaz.
Más por hacerle pagar su traición política al aliarse con Benjamín Robles, que por combatir la corrupción del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, Gabino Cué Monteagudo encarceló a Bulmaro Rito Salinas, ex coordinador del Comité Estatal de Planeación (COPLADE).
Fue liberado al exhibir ante el juez de la causa una fianza por 7 millones 913 mil 146 pesos, después de estar preso un año y cuatro meses en el penal de Santa María Ixcotel por peculado, por cuatro millones de pesos, en perjuicio del Gobierno del Estado y falsedad de declaraciones.
Salvo el encarcelamiento del ex Secretario de Salud y Director de los SSO, Germán de Jesús Tenorio Vasconcelos, ningún otro funcionario presuntamente corrupto del Gobierno de Gabino Cué le hace compañía en prisión, por la inacción de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
Siguen impunes el vicegobernador Jorge Enrique Castillo Díaz, principal operador político-financiero de Gabino Cué, Alberto Vargas Varela, el primo incómodo Juan José Álvarez Candiani, el cuñado incómodo Salvador Monroy Rodríguez y Rogelio Hernández Cázares, entre otros.
Tres largos años son tiempo más que suficiente para evaluar los pésimos resultados en el combate a la corrupción del Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y del Zar Anticorrupción, a quienes el gobernador debe correr por ineptos o por cómplices.
A pesar que José Ángel Díaz Navarro y Jorge Emilio Iruegas Álvarez han tenido a su favor la voluntad política del gobernador Alejandro Murat en el combate a la corrupción, ya que fue su bandera de campaña y lo es como gobierno, han sido por demás negligentes.
Probable complicidad resulta al Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción y a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. El desempeño de ambos servidores públicos deja mucho que desear en la lucha contra la corrupción.
En el primer círculo del Gobierno hay creciente malestar porque José Ángel Díaz Navarro y Jorge Emilio Iruegas Álvarez dejan mucho qué deber a la administración de Alejandro Murat Hinojosa y, sobre todo, a los oaxaqueños, en el combate contra la corrupción.
Nada de extraño tendría que próximamente hubiera cambio de titular en la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción. Se analiza el cambio con base en la evaluación de resultados.
Si el gobernador Murat y el presidente López Obrador se esfuerzan por rescatar del colapso a diversas Secretarías como Salud y SINFRA por qué son omisas o cómplices la Contraloría y Fiscalía Anticorrupción para combatir la escandalosa corrupción del pasado reciente y del presente.
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