Por Manuel Espino
Sería una mezquindad política regatear el mérito de las autoridades federales por el arresto del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. Se trata de un triunfo del Estado mexicano, encabezado en el terreno por los hombres que visten el uniforme de la patria.
Aunque hay quien con pereza mental se desgañita diciendo que se trata de una “cortina de humo”, los hechos hablan. Se trata de quien hasta hace unos días encabezaba las listas de criminales más buscados en nuestro país y a nivel internacional. Ningún mexicano de bien puede sino sentir alivio y gratitud porque ya está tras las rejas un hombre directamente responsable por miles, literalmente miles de asesinatos. No por nada al Cártel de Sinaloa también se le conoce como la “Alianza de Sangre”.
Es, además, la organización que mueve un 35% de la mariguana del mercado mundial y un total de dos toneladas de cocaína al mes. Se calcula que su red de complicidades se extiende a 54 naciones. Muy atinadamente, el especialista David Pérez Esparza señala que Cemex, la más global de las empresas mexicanas, tiene representación solo en 33 países y Bimbo en 19. De ese tamaño es el monstruo hoy decapitado.
No obstante, hechos los merecidos reconocimientos a los cuerpos de seguridad, coordinados por la Secretaría de Gobernación, hay que señalar que sigue ahora una labor menos espectacular, pero quizá más ardua aún y más importante: sacar el máximo beneficio a este arresto.
Con una visión de Estado, aun respetando los derechos humanos, queda claro que a partir de este momento lo importante no es el destino de una persona individual, sino que en este momento se cuenta con una enorme fuente de información de inteligencia confiable.
A partir de los interrogatorios se estará en la posibilidad de generar beneficios tangibles para la seguridad no solo de nuestro país, sino de la América Latina entera y de los Estados Unidos. Su caída debe generar la de otros muchos, en un efecto dominó que recorra las filas de sus cómplices dentro y fuera de los gobiernos de México y de otros países, incluido nuestro vecino del norte.
Es ahí, no en el trofeo mediático, donde está la clave. Urge ahora —antes de que se destruyan las estructuras creadas por El Chapo— escarbar en los lazos que forjan su red de complicidades, sobre todo con funcionarios gubernamentales.
Muy especialmente hay que investigar la posible participación de Miguel Ángel Yunes Linares en la fuga de Guzmán Loera del penal de Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001. No podemos olvidar que el “panista” veracruzano era Subsecretario de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno federal justo en esas fechas.
Durante el año pasado, cuando presentamos denuncias formales ante las procuradurías General de la República y de Veracruz ofreciendo pruebas del enriquecimiento irregular de Yunes, no fueron pocos los amigos que con legítima preocupación nos recordaron este oscuro capítulo. No obstante, por el compromiso del movimiento nacional Volver a Empezar en contra de la corrupción seguimos adelante.
Hay que reiterar que el narcotráfico y las demás formas de la delincuencia son frutos, pero la corrupción es el árbol. Por ello, ahora que ha caído “El Chapo” Guzmán, quien era uno de los más grandes símbolos de la impunidad, debe ser también puesto bajo la lupa Miguel Ángel Yunes Linares, quien continúa siendo uno de los más grandes símbolos de la corrupción.
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