• El gobierno no caerá en la tentación de más comisionados
• Tampoco prevé el envío masivo de milicia a otros estados
• Las quejas contra el Ejército descienden 75% en dos años
Los apoyos a los estados en materia de seguridad entran en un receso.
El gobierno federal cree haber alcanzado los primeros objetivos en los lugares donde los problemas eran mayúsculos y las fuerzas locales habían sido rebasadas por la delincuencia organizada.
Hubo entidades donde los gobernadores estructuraron su estrategia y pusieron sus fuerzas a disposición de operativos dirigidos y supervisados por entidades federales.
Eso hizo el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien a los primeros escarceos acudió a las instalaciones navales de Antón Lizardo y luego con el secretario de Marina, Francisco Soberón.
El acuerdo fue directo, aunque autorizado en los niveles más altos.
Con otros los arreglos fueron más difíciles.
Aconteció en Michoacán, donde el encarcelado Jesús Reyna se negó a mayores intervenciones de las fuerzas federales y, a su regreso, Fausto Vallejo se sintió obligado a poner el estado en manos de la federación.
El presidente decidió enviar como comisionado a Alfredo Castillo, figura no vista desde Chiapas en la era de zapatismo.
Los avances siguen bajo observación de dos secretarios: el de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, quien rinde informes únicamente al presidente Enrique Peña Nieto, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, a quien encomendaron Michoacán desde el inicio del sexenio.
SIN TENTACION DE NOMBRAR COMISIONADOS
Después vinieron otras regiones encendidas.
Para el estado de México el presidente Enrique Peña Nieto autorizó el envío de un hombre de todas las confianzas de Miguel Angel Osorio Chong, Daniel Canales, a cuyo autoridad reportan fuerzas locales y nacionales.
Tamaulipas fue distinto.
La lucha por el territorio con la resurrección de Los Zetas y del cártel del Golfo se mezcló con la creciente presencia del cártel de Sinaloa, lo cual violentó distintas zonas de esa extensa entidad.
Osorio Chong y el gobernador Egidio Torre Cantú estructuraron una estrategia donde primaran las fuerzas federales para contener la penetración de las estatales y municipales, y el territorio se fraccionó.
Durante la evaluación de ayer se habló de avances.
Aunque exitosa, esta experiencia no se planea reproducir, al menos de momento.
Morelos genera alertas, pero no están previstos envíos masivos de soldados y marinos.
El gobernador Graco Ramírez se ha mostrado dispuesto a realizar algunos cambios en la estrategia y también se habla de avances.
Distintas dependencias están pendientes desde la ciudad de México, sobre todo por la porosidad a cárteles dominantes en Guerrero, Michoacán y estado de México, y sólo habría cambios en caso de conflictos mayores.
En el mismo caso se encuentra Nuevo León.
El general Salvador Cienfuegos ha autorizado más soldados a petición del gobernador Rodrigo Medina mientras se avanza en la conformación de fuerzas policiacas con mayor capacidad de combate.
Pero no hay mayores planes para otros estados.
PROTOCOLOS PARA EL EJERCITO Y LA MARINA
En otros aspectos también se perciben avances.
Es el caso en el respeto a la ley.
De acuerdo a estadística de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las denuncias en contra de las fuerzas federales va a la baja.
Las cifras de la Segunda Visitaduría, a cargo de Marat Paredes Montiel, hablan de caídas sensibles.
Por ejemplo: en 2012 hubo mil 591 quejas en contra de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero en 2013 sólo se registraron 831.
Para el presente año el avance es mayor: iniciado junio van menos de 200.
En el caso de la Secretaría de Marina (Semar) el impacto ha sido menor.
En 2012 se tuvo la cifra más alta en contra de los marinos: 418, pero un año después bajaron a 385.
A la fecha van 140.
Es el resultado de programas de capacitación, vigilancia en los operativos y sobre todo orientación para respetar los protocolos.
Protocolos inexistentes hasta el sexenio pasado.