La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional que permite la cadena perpetua para personas condenadas por homicidio, violación y terrorismo, a propuesta del presidente Nayib Bukele.
La iniciativa fue avalada con el respaldo mayoritario del Congreso, dominado por el oficialismo, y marca un cambio histórico en el sistema penal salvadoreño, ya que la Constitución prohibía hasta ahora este tipo de condena. Previamente, la pena máxima efectiva rondaba los 50 o 60 años de prisión.
De acuerdo con el gobierno, la medida busca endurecer las sanciones contra los delitos más graves y reforzar la estrategia de seguridad implementada en los últimos años, especialmente en el combate a estructuras criminales y pandillas.
Esta reforma se inscribe en el contexto del régimen de excepción vigente desde 2022, bajo el cual se han realizado miles de detenciones. Las autoridades sostienen que estas acciones han contribuido a una reducción significativa de los índices de violencia en el país.
No obstante, la decisión ha generado reacciones encontradas. Organismos internacionales y defensores de derechos humanos han expresado preocupación por posibles violaciones al debido proceso, detenciones arbitrarias y la concentración de poder en el Ejecutivo.
Analistas consideran que la aprobación de la cadena perpetua representa un punto de inflexión en la política de seguridad de El Salvador, al tiempo que abre un debate regional sobre el equilibrio entre el combate al crimen y el respeto a los derechos fundamentales.
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