• El Senado borra en comisiones gazapos del gobierno
• Iniciativa para privatizar ganancias y socializar daños
• Los indígenas decidirán sobre tierras e hidrocarburos
A los radicales del todo o nada les parecerá poco.
Pero 140 cambios a los dos primeros paquetes de leyes reglamentarias sobre energía con muchos en número y algunos en calidad.
La cifra es del coordinador priísta Emilio Gamboa, quien además resalta “la participación plural” de todas las fuerzas en esas modificaciones.
En ese sentido ha cumplido su promesa David Penchyna, quien como presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República lidera los debates y la elaboración de 17 dictámenes.
Han tenido cabida inclusive planteamientos de la izquierda, aunque en lo mediático prive el abandono de sus legisladores y las críticas de ellos.
Encabezados por el perredista Miguel Barbosa, critican la falta de oportunidades para discutir y presentar sus principales argumentos.
Los propios registros de las comisiones los desmienten: del martes 10 al viernes 13 de junio, cuando se retiraron de las sesiones, sus intervenciones rebasaban los 800 minutos.
Y aun en su ausencia, ha habido modificaciones de trascendencia para grandes grupos sociales como los indígenas del país, dueños originarios de la tierra y el subsuelo nacionales.
Una de ellas se dio en la Ley Nacional de Hidrocarburos.
UNA ABERRACION BORRADA EN COMISIONES
Los autores de los proyectos dejaron pasar muchos gazapos.
Por ejemplo, cruel injusticia contra las comunidades, aseguraba grandes beneficios en la extracción para las trasnacionales y graves daños para el erario.
El texto original hablaba de indemnizar a los indígenas con dinero u obras sociales cuando resultaran afectado… todo con cargo al Estado, no a las empresas extranjeras.
Del asunto tomó nota Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México.
Se hizo dos preguntas:
-¿Por qué indemnización del gobierno y no de las multinacionales? Ellas van a ser las beneficiarias y a ellas les corresponde hacer justicia.
-¿Por qué no hacer socios a los indígenas? Es lo justo, ¿no?
Tenía preparado un escrito para presentarlo este lunes a coordinadores, presidentes de comisiones y demás legisladores influyentes en el Poder Legislativo.
Ya no será necesario: este aspecto quedó subsanado precisamente en comisiones senatoriales sin la presencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Quedan muchos pendientes más, pero todavía falta dos de los cuatro paquetes de las leyes reglamentarias bajo análisis en el Senado y, aun después de los dictámenes, los plenos de ambas cámaras podrían hacer ajustes.
A las sesiones, por ciento, el PRD sí tiene previsto asistir.
DECISION INDIGENA SOBRE USO DE TIERRAS
Falta todavía subsanar un vacío perjudicial para las comunidades indígenas.
No se sabe si al final los dictámenes les garantizarán su derecho legal a ser consultados sobre el uso de tierras y subsuelo de su propiedad.
Los ampara una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos ministros el 3 de septiembre del año pasado reivindicaron una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Y si no viene en las leyes reglamentarias en curso, deberán tomar nota en la Secretaría de Gobernación (Segob) y en el Poder Legislativo.
Ambos tendrán mucho trabajo en este sentido.
El subsecretario de Enlace Legislativo,
Felipe Solís Acero, encabeza desde hace varias semanas la elaboración de la Ley de Consulta Indígena.
Con el trabajan la comisionada para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nuvia Mayorga, y el responsable del diálogo con las etnias, Jaime Martínez Veloz.
He aquí un avance:
Hay la determinación de hacer vinculante la opinión de los indígenas.
No puede ser de otra manera, pues así lo determinó la CIDH y luego la Corte presidida por Juan Silva Meza confirmó la preeminencia de los tratados internacionales sobre las leyes nacionales.
En consecuencia a este tema energético le quedan muchas historias.