El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, destacó no tanto por la generosidad de su administración que en años pasados apoyó económicamente y sin mesura a telenovelas, proyectos particulares e incluso a la Iglesia católica, sino por su intolerancia.
A principios de año justificó la controversia constitucional que interpuso su gobierno ante la decisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de aprobar los matrimonios entre personas del mismo sexo, juicio que finalmente fue desechada. En un comunicado, el 15 de febrero advirtió que la legislación capitalina atentaba contra la “perpetuación de la especie”.
Luego, el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hacia la píldora anticonceptiva del día siguiente hizo que el gobernador jalisciense pegara el grito en el cielo otra vez, y equiparó a las mujeres que abortan con secuestradores y narcotraficantes.
“Todo lo que tiene que ver con muerte, llámese narcos, secuestradores pena de muerte y aborto, yo los pongo al mismo nivel. Quien mata a un ser indefenso, quien ejecuta a una persona, quien secuestra y mata a cada momento por el dolor es porque está dentro de la cultura de la muerte. Y perdón, yo soy una persona que defiende la vida”, dijo en entrevista el 18 de mayo.
Pero fue el 8 de octubre cuando González Márquez confesó su repudio a las familias encabezadas por parejas gay. “Yo sí, bueno para mí, es matrimonio si es un hombre y una mujer, porque qué quieren, uno es a la antigüita y uno es así, al otro todavía como dicen no le he perdido el asquito”, declaró durante la inauguración de la Segunda Cumbre Iberoamericana de la Familia que organizó la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA).
Así, el gobernante conservador expuso a nivel nacional su homofobia y sus negativas al aborto. Sin embargo, esos no fueron los únicos escándalos del panista.
En septiembre se agudizó un conflicto presupuestal con la Universidad de Guadalajara (UdeG), que le exigía 701 millones de pesos como parte de erogaciones no hechas desde 2007.
El gobernador negó el adeudo y cuestionó reiteradamente el uso de recursos por parte de la universidad, al considerar que grandes cantidades de dinero son invertidos en negocios privados manejados por un grupo de personas encabezadas por el llamado líder moral de la universidad, Raúl Padilla López.
La universidad presionó con medio centenar de manifestaciones en calles de Guadalajara y hasta consiguió el respaldo de otras casas de estudio del país, entre las que se encontró la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Las presiones no hicieron cambiar la postura del gobernador, a pesar de que en el conflicto medió el gobierno federal. A principios de diciembre el gobierno ofreció 420 millones de pesos para finiquitar el problema. No obstante, directivos de la UdeG consideraron la oferta como una ofensa y advirtieron que no habría solución hasta que se entregaran 701 millones de pesos.
Apenas el 22 de diciembre, el conflicto UdeG-Jalisco quedó zanjado con la entrega de alrededor de 420 millones de pesos.
Agencia El Universal