El pasado martes un juez vinculó a proceso a 13 ex funcionarios del gobierno de César Duarte Jáquez, ex gobernador del estado de Chihuahua, por un delito electoral donde se les comprobó que a cientos de empleados se les descontaba entre el 15 y 20 por ciento de sus salarios; en un año esos descuentos sumaron 14 millones de pesos que fueron a parar a las arcas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Al respecto el fiscal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto confirmó que esta fue la primera imputación que se hizo y que está relacionada con el descuento a 700 trabajadores del gobierno del estado de Chihuahua.
Indicó en entrevista con Denise Maerker que el tema de estos 14 millones es una primera investigación «la segunda parte involucra un monto de 79 millones de pesos durante los seis años del gobierno de César Duarte en la cual se desarrollaron este tipo de actividades al retener salarios de forma ilegal a sus trabajadores para después trasladarlo en efectivo al secretario de finanzas del PRI».
Sobre si el PRI podría tener algún castigo, Santiago Nieto refirió que eso le tocaría analizarlo al Instituto Nacional Electoral (INE) «por lo que hemos estado en coordinación con la Unidad Técnica de Fiscalización para desarrollar las investigaciones».
El fiscal indicó que la Fepade ha aportado elementos que han sido requeridos por el INE para que ellos puedan ir complementando su información y lleguen a la conclusión a la que tenga que llegar el INE.
«En el caso específico del delito electoral se conjugaron cuatro temas, por lo que quiero reiterar que esta es la primera fase de la investigación porque hemos encontrado el mismo desvío de recursos en la Junta de Agua Potable de Ciudad Juárez y la Junta de Agua Potable de Chihuahua».
Abundó Santiago Peña que también están viendo que en los órganos descentralizados del gobierno del Estado ocurría los mismo, se les quitaba dinero a los trabajadores para efectos demandarlos al Partido Revolucionario Institucional en el ámbito local.
«Esto es aparte de los 79 millones de pesos y pensamos que puede incrementarse en cuatro o cinco tantos más de lo que tenemos hasta el momento en las investigaciones».
Añadió que se ejerció acción penal a un grupo de personas «primero, al señor César Duarte en virtud de que él tenía localidad de garante respecto a la administración que él encabezó y porque existe una testimonio de un servidor público donde señala que directamente recibió la instrucción de César Duarte para que operara este sistema».
Destacó que se ejerció acción penal contra el Secretario de Hacienda, así como contra el director de Recursos Humanos y contra el secretario de finanzas del PRI en el Estado de Chihuahua.
INF./GRUPO FÓRMULA