Veracruz.- Un juez de primera instancia dictó auto de formal prisión por los delitos de terrorismo equiparable y sabotaje a dos cibernautas veracruzanos que difundieron rumores falsos sobre ataques del narcotráfico a escuelas públicas y con ello se generó histeria en las ciudades de Veracruz y Boca del Río.
A las 2:40 horas de este miércoles, hora en que venció el plazo constitucional de 48 horas, la juez Tercera de Primera Instancia con sede en Pacho Viejo, Beatriz Hernández Rivera, encontró elementos suficientes para declarar culpables a las dos personas de los delitos que les imputó el Ministerio Público.
Se trata del ciudadano Gilberto «N» y de la ex directora de Actividades Artísticas y Culturales de la Secretaría de Educación de Veracruz, María de Jesús «N», quienes se encuentran en el penal de Pacho Viejo.
El secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmeron, aseguró que no se está juzgando a twitteros sino a ciudadanos que causaron un daño a la sociedad veracruzana.
Los dos cibernautas fueron declarados culpables de los delitos de terrorismo y sabotaje, previstos en el Código Penal del Estado, el cual contempla una pena de tres a 30 años de prisión, multa de hasta 750 días de salario y suspensión de derechos políticos hasta por cinco años.
Las dos personas son señalas de haber iniciado rumores hace dos semanas sobre presuntos ataques del narcotráfico en contra de escuelas públicas de la zona turística de Veracruz y Boca del Río.
Los rumores generaron que padres de familia acudieran a escuelas a recoger a sus hijos y que decenas de estudiantes se refugiaran en escuelas ante un inminente ataque.
De acuerdo con la documentación que obra en la causa penal, los detenidos difundieron en las redes sociales como hechos ciertos la desaparición, a manos de narcotraficantes, de al menos cinco estudiantes y que desde helicópteros de la Secretaría de Marina se abrió fuego contra escuelas y casas.
La defensa de los acusados denunció que el Ministerio Público les tomó su primera declaración sin que estuviera presente una persona de su confianza o su abogado defensor; además aseguró que fueron coaccionados para aceptar que difundieron esos mensajes de mala fe.
Agencia El Universal