La lucha contra el cambio climático ha entrado en un momento crucial en la agenda del encuentro de los siete países más industrializados del planeta, que se han reunido en Elmau (Alemania). Los esfuerzos de la canciller Angela Merkel (que entre 1991 y 1998 fue ministra de Medio Ambiente) han terminado en una declaración en la que EE UU, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá reafirman su intención de caminar hacia un modelo libre de emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento -según nota de El PAÍS-.
La inclusión de este asunto en la agenda del G-7, a pesar de las reticencias de Canadá y Japón, se interpreta como un espaldarazo a la cumbre de la ONU de París de finales de año, donde se espera que los Gobiernos aprueben el protocolo que sustituirá al de Kioto a partir de 2020. El G-7 sostiene en su declaración que sus integrantes tienen la «firme determinación» de que París salga un protocolo (o «instrumento legal») que sea aplicable a todos los países, «ambicioso» y «sólido». «No queremos que los compromisos asumidos en Elmau acaben siendo mera palabrería, sino que se cumplan en París», ha valorado este martes el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
«Se está creando el momentum para el acuerdo», opina Federico Ramos, secretario de Estado de Medio Ambiente del Gobierno español. «La declaración es un impulso importantísimo para el acuerdo de París y para la transformación de la economía en un sistema de energías renovables», añade Tatiana Nuño, responsable de Cambio Climático de Greenpeace.
Mientras se desarrollaba la reunión del G-7 en Elmau, en Bonn están reunidos los negociadores de alrededor de 190 países para seguir avanzando en el borrador del acuerdo de París. «Se está lanzando un mensaje de refuerzo importante a los negociadores de Bonn: No hay marcha atrás», considera Ramos.
Contradicciones
«Seguimos comprometidos con la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles ineficientes», se apunta en la declaración del G-7. Sin embargo, esta declaración de intenciones choca con la realidad de muchas de estas economías.
Coincidiendo con la reunión de Elmau, la organización Oxfam ha difundido un informe en el que señala que cinco de los miembros del G-7 —todos, salvo EE UU y Canadá— han incrementado el uso del carbón, muchas veces subvencionado, como combustible para generar energía desde 2009, cuando se celebró la cumbre de Copenhague. «El G-7 debe dar ejemplo, estableciendo planes claros para un transición justa hacia un mundo sin carbón», indica Oxfam, que también señala hacia la necesidad de que el Fondo Verde para el Clima llegue a esos 100.000 dólares al año.
Teresa Ribera reconoce que este punto es la «principal contradicción» de la declaración del G-7 de Elmau. En su opinión, los Estados desarrollados son «prisioneros de sus infraestructuras» y de la «presión social de las cuencas mineras». Oxfam, sin embargo, señala en su informe que si se hace «una transición justa» hacia un sistema 100% de energía renovables, «se crearían 650.000 nuevos puestos de trabajo verdes en EE UU y 430.000 en la Unión Europea».
La declaración del G-7 de Elmau gira sobre dos ejes: la financiación que se requiere para la transición hacia un modelo libre de carbono —y para compensar a los países en desarrollo— y el compromiso de impedir que el aumento de la temperatura en el planeta supere los dos grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. Las siete grandes economías plasman en la declaración los dos compromisos que ya habían sido admitidos en las anteriores cumbres del clima de la ONU: la creación de un fondo verde que en 2020 deberá tener una dotación anual de 100.000 millones de dólares (reunión de Cancún de 2010) y la limitación del calentamiento a dos grados (un compromiso que se adoptó en la cumbre de Copenhague de 2009).
Financiación
«Vamos a continuar con nuestros esfuerzos para proporcionar y movilizar una mayor financiación, de fuentes públicas y privadas, y demostrar» que se está «en el buen camino para cumplir con la meta de 100.000 millones de dólares», se indica en la declaración del G-7. Este Fondo Verde para el Clima se ideó para financiar, entre otros asuntos, los mecanismos de mitigación y adaptación de los países en desarrollo para que puedan reducir el impacto del cambio climático.
A diferencia del protocolo de Kioto, donde el control de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero solo vinculaba a algunas economías desarrolladas, la intención del acuerdo de París es que también incluya a los países en vías de desarrollo. Antes de la cita de diciembre, se espera que la mayoría de los países presenten sus compromisos voluntarios de reducción de las emisiones de gases.
38 Estados los han presentado ya ante la ONU. La inmensa mayoría son desarrollados. Solo tres —Marruecos, Gabón y México— no entran dentro de esa categoría. Marruecos se compromete a bajar un 13% sus emisiones en 2030. Pero sostiene que podría llegar hasta un 32%, pero esta última meta está «condicionada» a que reciba «35.000 millones de dólares» de «apoyo internacional a través de nuevos mecanismos de financiación climática, como el Fondo Verde para el Clima», según la propuesta presentada por Marruecos ante la ONU. México, cuyo compromiso voluntario es de una reducción del 22% en 2030, afirma que estaría en condiciones de llegar al 36%, pero requeriría de «alrededor de 15.000 millones de dólares», según el Ministerio de Medio Ambiente mexicano.
Teresa Ribera, ex secretaria de Estado de Cambio Climático y actual directora del instituto francés para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales, resalta de la declaración del G-7 las menciones a la importancia de los bancos de desarrollo y a los seguros. En el texto de Elmau, se apunta al compromiso de que 400 millones de personas de los países en desarrollo más vulnerables tengan «acceso directo o indirecto a seguros contra los efectos negativos del cambio climático» en 2020.
Dos grados
Limitar el aumento del calentamiento a dos grados es el umbral que se ha fijado desde el ámbito científico para evitar los efectos más desastrosos del calentamiento. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), formado por más de 800 investigadores de todo el planeta, ha advertido de los problemas que ya está provocando el calentamiento. Y su conclusión es que se deben reducir las emisiones entre un 40% y un 70% en todo el planeta entre 2010 y 2050. Y llegar a un nivel cero en 2100.
En su declaración, el G-7 cita y asume estas conclusiones. «Nos comprometemos a hacer nuestra parte para lograr una economía global baja en carbono», sostiene el documento. Pero, de momento, los compromisos que están presentando los diferentes gobiernos, algunos miembros del G-7, no alcanzarían para limitar ese aumento de la temperatura a dos grados. «Habrá que ver cómo quedan finalmente los acuerdos de París», apunta José Manuel Moreno, catedrático de Ecología y miembro del IPCC. «La ciencia ya ha hecho los deberes, ahora son los Gobiernos los que, si quieren, deben hacerlos», añade.
