Hace ya cinco años que los mexicanos padecimos —hermanados por el dolor— la tragedia de ver arrasada por el fuego la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Con incredulidad, con una profunda tristeza, seguimos minuto a minuto las noticias que ahondaban esta desgarradora tragedia, describiendo los detalles de ese infierno y enumerando los fallecimientos que se sumaban mientras avanzaba la tarde.
Desgraciadamente, a cinco años de distancia, lo que los periódicos dicen de la guardería y sus víctimas es indignante, pues la noticia es que no hay noticia.
Todo lo que se tiene que saber sobre las taras de nuestro sistema de justicia y de la llamada clase política se sintetiza en este dato: fallecieron 49 niños y más de 70 fueron lesionados, pero mil ochocientos días después no hay ni un solo responsable en la cárcel.
Además, se siguen discutiendo datos técnico-científicos sobre la versión oficial que dio la PGR sobre el origen del incendio: en estos días un diario de circulación nacional publicó información que echa por tierra la hipótesis de que el fuego surgió a causa de un enfriador de aire que se sobrecalentó.
Es decir, tras un lustro de investigaciones con peritos nacionales y extranjeros, la sociedad mexicana ni siquiera tiene una versión firme y validada sobre las razones de la tragedia.
Se pueden gastar ríos de tinta para justificar con tecnicismos jurídicos y criminalísticos esos yerros, pero son hechos contundentes que suman al dolor de la tragedia el insulto de la injusticia. Sí, en un principio apareció la carroñería política y hasta hubo quienes le sacaron provecho electoral al tema, pero al poco tiempo se volteó la mirada a otro lado.
Ante esa nula respuesta no del gobierno sino del Estado mexicano en su totalidad, el ciudadano vive en una orfandad que alimenta la teoría de que el incendio fue provocado intencionalmente y anula el llamado contrato social, además de pulverizar los vínculos entre gobernantes y gobernados.
En tanto ciudadanos, solo podemos esperar que este sea el último aniversario de impunidad, pues únicamente la justicia permitirá a las familias de las víctimas seguir adelante y sanar sus heridas, así como a la sociedad reconciliarse con su Estado y ver a sus autoridades con un mínimo de confianza.
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