El Secretario General de la ONU, António Guterres, expresó este martes su preocupación por el anuncio del Ministerio Público de Guatemala sobre la emisión de órdenes de captura contra el ex comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, y la ex jefa de Investigaciones de la CICIG, Luz Adriana Camargo.
El Secretario General reiteró que el personal internacional de la Comisión goza de inmunidad judicial con respecto a los actos realizados en el desempeño de su misión, en virtud de los términos del acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, según señaló su portavoz en su encuentro habitual con la prensa.
Stephane Dujarric enfatizó que esa inmunidad continúa incluso después de la terminación de su empleo en la Comisión.
“En virtud de este acuerdo, el Gobierno de Guatemala se comprometió a proteger al personal de la CICIG, ya sea internacional o nacional, de abusos, amenazas, represalias o actos de intimidación en virtud de su trabajo con la Comisión”, insistió Dujarric.
Camargo es ahora fiscal general de Colombia y Velásquez embajador en la Santa Sede; ellos son junto con otros 24 ex funcionarios nacionales de la CICIG y funcionarios de justicia independientes que colaboraron con la Comisión.
Rechazo de Guatemala y Colombia
Las órdenes de detención fueron emitidas por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Guatemala, accediendo a la solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del país centroamericano por el caso de la constructora brasileña Odebrecht, según medios locales.
El fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche acusa a Velásquez de permitir la aprobación de acuerdos irregulares con empresarios de Odebrecht en 2017, cuando estuvo al frente de la CICIG.
Según anunció Curruchiche en una publicación en redes sociales, los cargos presentados contra Velásques y Camargo incluyen delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión.
Sin embargo, el ejecutivo guatemalteco rechazó “enfáticamente” las órdenes de captura, alegando que “carecen de sustento legal” y vulneran el Acuerdo de la ONU y el Gobierno del país relativo al establecimiento de la CICIG.
“Estas acciones se realizan con un evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional y se suman a la seguidilla de actuaciones por parte del Ministerio Público, la Fiscal General de la República y jueces asociados a la corrupción que han tergiversado el sentido de la justicia en Guatemala, poniendo de manifiesto la criminalización y abuso del derecho penal”, declaró el Gobierno en un comunicado, que indicó que está en contacto con las autoridades colombianas para llevar a cabo “las aclaraciones diplomáticas que correspondan”.
En líneas similares, el titular de la ONU reiteró su preocupación por “las numerosas denuncias” de que se está persiguiendo penalmente a quienes intentaron esclarecer casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el Estado de Derecho y el sistema de justicia en Guatemala.
Por su parte, la Cancillería de Colombia expresó “su profunda preocupación y enérgico rechazo” ante las órdenes de captura, señalando que la decisión “vulnera los principios fundamentales de la justicia internacional y constituye una grave desviación de los estándares del derecho internacional”.
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