Hacia una elección con autoridades fallidas
El reto gubernamental de actuar sin huellas
Un buen momento y candidatura para Anaya
El futuro inmediato se ve ominoso.
Gravemente ominoso.
A la competencia política prevista, a las ambiciones desatadas de muchos actores y a la carencia de fiscales se suma la crisis de credibilidad del Instituto Nacional Electoral (INE).
En el gabinete político de Enrique Peña Nieto hay mucha preocupación.
Y no por las decisiones anti priístas tomadas por el organismo de Lorenzo Córdova, sino por el cúmulo desatinos, reglamentos improvisados, cuentas mal hechas, manga ancha en algunos casos y muy cuestionables en todos.
Ahora mismo es omiso en las campañas en marcha de muchos candidatos –Andrés Manuel López y sus delfines de Morena son mano-, como lo fue con los recursos entregados por el gobierno de Jaime Rodríguez El Bronco al Partido del Trabajo (PT).
O con los presuntos actos de corrupción desde la campaña presidencial priísta de 2012.
Por eso, me han repetido miembros del gabinete, el INE se agrega a las incertidumbres de 2018.
Mal diagnóstico, cuando el país requiere certidumbre, instituciones sólidas y autoridades electorales prestigiadas como en 2000 cuando se dio la transición en orden.
GOBIERNO: NEGOCIAR SIN VERSE
En ese ambiente de escepticismo surgió el escándalo de Santiago Nieto.
El ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), también ex asesor perredista en el Senado de la República, ha generado varias crisis.
La principal fue acentuar la polarización política porque, identificado con el Partido de la Revolución Democrática (PRD, ahora en santa alianza con Acción Nacional, PAN) puso en riesgo la agenda legislativa.
Si con su designación generó polémica dada su ocultada asesoría al perredista Miguel Barbosa, con su fuga multiplica las sospechas en los órganos responsables de conducir los procesos comiciales del año próximo.
Hizo de una institución de justicia una fuente de escándalo y en esas condiciones el daño personal y su secuela de procesos en contra -bien merecidos, además- resultan el mal menor.
Tras el análisis de éstos y otros elementos, el gobierno analiza cómo propiciar cambios para evitar una crisis de muchas caras -política, electoral, de seguridad- en la próxima sucesión.
Una labor de zapa porque cualquier filtración o sospecha será magnificada por la oposición y desataría conflictos mayores a los actuales y a los cuales se pretende solucionar.
Lo de la Fepade, cree el gabinete político, puede encarrilarse en orden con operadores como el panista Ernesto Cordero y los priístas Emilio Gamboa y Ana Lilia Herrera, pero será necesario el consenso y para torpedear están Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y los emisarios de Andrés Manuel López.
Y en el INE de Lorenzo Córdova el margen de maniobra es menor y por ello al final sólo quedará un órgano al rescate, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Malos augurios.
LOS BUENOS TIEMPOS DE ANAYA
Ricardo Anaya y el grupo bajo control del PAN se muestran muy confiados.
No hubo fugas masivas con la salida de Margarita Zavala, no generó conflictos la declaración de Felipe Calderón y como independiente tampoco cosecha los esperados cientos de miles de firmas.
Ahora el único tema bajo cuidado son quienes identificados como calderonistas permanecen en el PAN -entre ellos el notable grupo de senadores- para evitar mayores disidencias internas.
Confiado en esas circunstancias, Anaya persiste en su empeño por construir su candidatura presidencial con el apoyo de Barrales, pendiente todavía el resultado de las negociaciones con Ricardo Monreal.