La comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) María Marván Laborde reconoció que legalmente no hay manera de detener o combatir la “estrategia” que han adoptado distintas dependencias para que, en caso de que el órgano de transparencia determine que se debe entregar la información, recomienden a terceros interponer un amparo y así detener la entrega de todos los datos requeridos.
Al concluir la sesión del pleno del IFAI, Marván Laborde aclaró que ante la falta de un recurso legal, informan a los medios para “tratar de detener este tipo de estrategias”, porque “yo no puedo hacer de una manera legal que un servidor público no haga un oficio, ¿cómo le hago?”. Comentó que muchas dependencias asesoran a un tercero y son las responsables de que se amparen, y así retrasar la entrega de información que se solicitó.
“En muchos casos es fácil identificar que hay una asesoría de algunas de estas instituciones, hay amparos que prácticamente están redactados de la misma manera y son presentados por personas diversas, salvo que tengan un club de amiguitos; lo que puede uno pensar es que fue la institución la que hizo o redactó o asistió en la redacción del amparo”.
La semana pasada, el IFAI detectó esta estrategia, cuando un ciudadano solicitó información a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en la que pidió copia de un oficio que expidió el subprocurador de Recursos Naturales a la empresa Desarrollos Punta la Paz, S. de R.L. de C.V. Sin embargo, la dependencia decidió reservar dicho documento por tres años debido a que aún está en trámite.
El particular se inconformó con la decisión e interpuso un recurso de revisión ante el IFAI. El órgano de transparencia se dio cuenta que en este oficio la Profepa “alertaba” a dicha empresa para que “corriera a ampararse”, pues también se solicitaba las actas de inspección levantadas a esa empresa, del año 2004 al 19 de mayo de 2009.
Al consultarle si no hay una confrontación con la Profepa, dijo: “No, por supuesto que no, nosotros lo que tenemos es la obligación de ver que se entregue la información y punto”.
Sobre el caso del Sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex), donde también han detectado que se han tramitado amparos ante peticiones de información, Marván Laborde destacó: “Sí lo hemos detectado, la diferencia es que en el caso de Profepa hay un oficio en el que se le avisa a la empresa, evidentemente Petróleos Mexicanos nunca, o por lo menos no que nosotros sepamos, vía un oficio le avisa al sindicato para que tome las medidas pertinentes para poder llegar a ampararse; podemos suponerlo, presuponerlo, pero no podemos demostrarlo”.
Lo contrario en el caso de procuraduría ambiental, donde “por oficio se le avisa a la empresa de esta situación lo que le permite ampararse”.
Agencia El Universal
