El contralor general del Instituto Federal Electoral (IFE), Gregorio Guerrero, exigió a autoridades del órgano electoral el respeto a las leyes de fiscalización y rechazó crear un órgano especializado de evaluación y control de la administración que coadyuve “en la correcta solventación de las auditorías”.
En un escrito presentado de manera inédita, Guerrero afirmó que la solventación de las auditorías realizadas al órgano electoral tiene un “cauce estrictamente legal” sin incorporar nuevos plazos, foros, etapas u órganos de resolución que no están previstos en ninguna ley, en respuesta a la propuesta del secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo.
“La Contraloría no puede ni debe admitir la respuesta o solventación de observación alguna, mediante el informe presentado por la secretaría ejecutiva del IFE y respetuosamente, la conmina a observar lo dispuesto en las leyes aplicables al proceso de fiscalización.
“Las áreas y los servidores públicos responsables deben ser los que presenten en las instancias conducentes las respuestas correspondientes, así como también a que se respete plenamente la autonomía técnica y de gestión conferidas a la Contraloría”, enfatizó el contralor, con un texto leído por el propio Jacobo, ya que él no es miembro del Consejo General.
El contralor Guerrero se pronunció luego de que el secretario Jacobo entregó un escrito con una serie de respuestas a las observaciones sobre la compra de un edificio en Avenida Acoxpa en cinco veces su valor y diversas irregularidades en el sistema de monitoreo contenidas en el informe de la Contraloría, como lo adelantó EL UNIVERSAL.
“Su acoplamiento (de la Contraloría) al IFE no ha sido fácil ni terso, en parte, porque no hemos encarado con toda seriedad ese trabajo de definición de plazos, procedimientos y modos de atención a auditorías de la extensión y profundidad como las que ahora se practican en el IFE”, admitió Jacobo.
Piden aplicar castigos
Tras conocer de manera formal el informe de la Contraloría General entregado al Instituto Federal Electoral el pasado 28 de febrero, consejeros y representantes de los partidos políticos se pronunciaron en favor de sancionar y fincar responsabilidades contra todos los funcionarios que hayan incurrido en actos de peculado o fraude, en caso de que se lleguen a confirmar las inconsistencias.
Agencia El Universal
