El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de establecer las bases y mecanismos para evitar que los programas sociales sean utilizados con fines político electorales.
Al tomar la palabra, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que la imparcialidad en las contiendas es un mandato de ley y una responsabilidad compartida entre autoridades electorales, partidos políticos, ciudadanos e instituciones del Estado Mexicano.
“Las reglas de juego democrático en nuestro país se han diseñado para evitar que el dinero o los poderes públicos influyan en el desarrollo de las elecciones”.
En presencia de la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, el Consejero Presidente mencionó que la firma de este convenio contribuye al ejercicio de la función pública y el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales, a fin de que sigan realizándose con apego a su objetivo constitucional.
Acompañado por la Consejera Beatriz Galindo; de los Consejeros Electorales, Enrique Andrade, Ciro Murayama, Benito Nacif, Arturo Sánchez y Javier Santiago, así como del Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, Lorenzo Córdova afirmó: “El INE habrá de velar por el cumplimiento riguroso de las normas de imparcialidad y, en su caso, aplicará sanciones cuando sea necesario. Esa es su función en esta materia y su obligación constitucional”.
Por su parte, la Secretaria de Desarrollo Social, se dijo convencida de que la democracia mexicana necesita fortalecer la actuación del Estado en la garantía de los derechos fundamentales.
“Tengan la certeza de que no admitiremos que ningún servidor público infrinja las disposiciones electorales. El uso de los recursos públicos para el desarrollo social no puede desviarse hacia otros fines y esa es la instrucción directa del Presidente Enrique Peña Nieto”, enfatizó.
Concluyó que en dos años de gobierno se ha buscado hacer valer la visión de que una persona en pobreza no es un simple receptor de apoyos, sino un sujeto activo de derechos, por ello –aseveró- el condicionamiento de la entrega de apoyos de programas sociales va en contra de esta concepción.
El convenio propone acciones en materia de educación cívica para fortalecer los valores democráticos en la sociedad y en los servidores públicos, así como establecer canales de comunicación que permitan a estos cumplir con su trabajo con pleno respeto a las leyes electorales.
Este instrumento jurídico tiene carácter multianual y vence el 30 de noviembre de 2018, es decir, hasta la conclusión de la presente administración federal.