Saltillo.- La masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde hasta ahora se han descubierto 145 cadáveres, es un tema en el que la autoridad encargada de la investigación tendrá que dar cuentas muy claras de los responsables y, sobre todo, de fosas clandestinas en otros estados, como Sinaloa, afirmó el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva.
Sobre que haya policías involucrados en los crímenes, el presidente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dijo que es un tema extremadamente delicado, que da una idea de la deformación de algunos servidores públicos que, en lugar de servir a la sociedad, lo hacen a otro tipo de intereses.
Apuntó que la CNDH integra los expedientes de cada una de las víctimas, pues ha recibido quejas de alrededor de 80 familiares de algunos de los asesinados, quienes son de Guanajuato, Querétaro, Michoacán y otras entidades.
«Enviamos a un grupo de visitadores adjuntos y peritos forenses a San Fernando, Tamaulipas, una unidad móvil de la CNDH está ahí también, pendiente para ver la atención que corresponda a los familiares de las víctimas».
Reconoció que la delincuencia ha llegado a tales niveles que los derechos ciudadanos están limitados en estados como Tamaulipas y Chihuahua.
«Donde inclusive la libertad de tránsito, la libertad personal, la seguridad personal y la propiedad se encuentran seriamente cuestionadas en cuanto a derecho dada la condición de la delincuencia», subrayó.
Advirtió que sin garantías de seguridad, los derechos humanos no pueden ejercerse.
Plascencia asistió al «Foro de Análisis de las Sentencias Emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos», que fue inaugurado por el gobernador Jorge Torres López.
En el encuentro con licenciados en derecho y abogados, se les imparten conocimientos teórico-prácticos acerca del procedimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que conozcan los criterios empleados en sus resoluciones, a fin de fortalecer el respeto y vigencia de los derechos humanos en el ámbito internacional.
Lo que pasa, señaló el Ombudsman, es que las sentencias de la Corte Interamericana plantean la necesidad que el estado mexicano modifique algunas leyes, una de ellas es la legislación en materia militar, otra tiene que ver con la investigación en el tema de los feminicidios.
De tanta violencia, muertes, desapariciones y secuestros de connacionales y migrantes, afirmó que es muy importante que el Estado mexicano, a través de su gobierno, asuma la responsabilidad que le corresponde.
«Esto es que es el gobierno el que tiene el deber de brindar seguridad pública a la sociedad a través de la prevención de los delitos», enfatizó.
Agencia El Universal
