Juan Sabines solicita colaboración a CIDH para armonizar legislación en materia indígena

Washington, D.C., EUA.- El gobernador del estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, fue recibido por los miembros del pleno de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en su sede en Washington, donde expresó la plena voluntad del gobierno estatal “para armonizar la legislación local a la legislación internacional adoptada por el Estado Mexicano, en particular al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, y a cumplir en su ámbito de competencia los acuerdos de San Andrés”.

Por lo que solicitó a la CIDH la celebración de un convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado de Chiapas y esa comisión, “para que nos brinde asesoría y acompañamiento para convocar y realizar las consultas a los pueblos indígenas de Chiapas en dicho proceso de armonización legislativa, esto con el aval del gobierno de la república mexicana en el marco de la Ley de Celebración de Tratados de 1992”.

En este encuentro donde se destacó la presencia de Dinah Shelton –presidenta de la CIDH-; del Dr. Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el mandatario chiapaneco enfatizó la importancia que tiene para su administración tomar en cuenta la opinión de los pueblos indígenas chiapanecos.

Chiapas atiende casos interpuestos ante la CIDH

En el marco de la agenda de trabajo del gobernador Juan Sabines en Washington, se reunió también con Rodrigo Escobar Gil, Relator Especial para México de la CIDH, a quien le entregó la documentación que acredita que se han logrado la solución, por la vía amistosa, a diversos casos que han sido atendidos por esa vía.

En ese marco el mandatario chiapaneco refrendó que su administración le seguirá dando atención puntual a cada uno de los asuntos que se encuentran en manos de esa instancia internacional.

Por su parte Escobar Gil se refirió al avance que implica que en Chiapas se haya prohibido la figura del arraigo, lo que calificó a su vez, como una acción de avanzada en materia de derechos humanos.