La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato de Marisela Escobedo, en Chihuahua, y urgió al gobierno mexicano a que investigue el caso y lleve ante la justicia a los responsables.
En un comunicado emitido ayer en Washington, “la comisión urge una vez más al Estado mexicano a adoptar las medidas legales, administrativas y de otra índole que fueran necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro”.
El pasado 16 de diciembre, Marisela Escobedo fue asesinada en la puerta del palacio de gobierno de Chihuahua, donde reclamaba justicia por el asesinato en septiembre de 2008 de su hija de 16 años Rubí Marisol Frayre.
La pareja de su hija, Sergio Rafael Barraza, confesó la autoría del crimen pero fue absuelto y puesto en libertad un mes después de que fuera condenado a 50 años de cárcel por un tribunal de segunda instancia.
Barraza huyó y pese a las amenazas, Escobedo luchó para que el asesinato de su hija no quedara impune.
La CIDH pidió al gobierno de México que investigue el asesinato de Marisela Escobedo “para llevar a la justicia y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del crimen”.
Asimismo, instó al Ejecutivo mexicano a adoptar “todas las medidas necesarias” para ejecutar la sentencia dictada contra el responsable del asesinato de Rubí Marisol.
La CIDH recordó que en su informe Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas (2007) señaló que la mayoría de los actos violentos contra las mujeres quedan en la impunidad, “perpetuando su repetición y la aceptación social”.
Recomendó que todos los casos de violencia por razón de género, sean objeto de una investigación “oportuna, completa e imparcial”; que sus responsables sean sancionados, y que las víctimas tengan acceso pleno a una adecuada protección judicial.
Esto incluye la necesidad de desarrollar una política integral y coordinada, a la que aporten recursos adecuados, para trabajar en la prevención y garantizar que los casos de violencia contra las mujeres sean investigados, sancionados y reparados.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió al gobernador de Chihuahua, César Duarte, y al gobierno federal garantizar la protección de activistas y sus familias, que se ven vulnerados por la muerte de la activista. Los legisladores condenaron el homicidio y se solidarizaron con los deudos de Escobedo. Exigieron respuestas en la investigación que se abrió.
Mediante un punto de acuerdo, los diputados y senadores aprobaron por unanimidad condenar “el lamentable homicidio de Marisela Escobedo”.
El documento del Congreso de la Unión exige a las autoridades encargadas de las investigaciones su “total y pronto esclarecimiento, así como la aplicación estricta de la ley contra quienes resulten responsables”.
Desde 2008, Marisela Escobedo exigió justicia después de que asesinaron a su hija Rubí Marisol Frayre. Inició las investigaciones para dar con el paradero del asesino, quien confesó, fue juzgado en juicio oral y luego dejado en libertad para después en segunda instancia ser sentenciado a 50 años de prisión.
Agencia El Universal
