La Corte analiza queja por cédula

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá en próximos días si el presidente Felipe Calderón y parte de su gabinete violentaron la Constitución al hacerse cargo del manejo, acceso y rectificación de datos personales de menores de edad al emitir la cédula de identidad ciudadana por medio de un reglamento.

De acuerdo con la controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados, al emitir el decreto para elaborar dicha mica, el Ejecutivo y otros nueve secretarios se atribuyeron funciones que corresponden al Congreso de la Unión.

En el documento entregado a las 18:22 horas del viernes 3 de marzo de 2011 a la SCJN, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, los legisladores exigieron la invalidez para que el gobierno federal haga una recopilación de rasgos faciales, huellas dactilares e imagen del iris de unos 27 millones de personas menores de 18 años de edad.

Un retroceso

La controversia, aprobada en la sesión del pleno de la Cámara de Diputados, subraya que al ampliar la esfera de atribuciones del Presidente en el registro, tratamiento y uso de datos personales sin contar previamente con una norma que delimite el alcance de esas atribuciones y que salvaguarde los derechos de los titulares de los datos, “significa un retroceso en la construcción de instituciones inherentes a un Estado democrático de derecho.

“Lo más grave e inaceptable es que constituye una flagrante violación al contenido del segundo párrafo del artículo 16 de la constitucional”. El especialista Fernando Escalante dijo que es una invasión sistemática del campo privado, el quiebre o el desvanecimiento de la frontera entre lo público y lo privado, representan una amenaza, no sólo para los individuos, sino para el orden público.

Además del Ejecutivo federal, los demandados son los secretarios de Gobernación, Francisco Blake; de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa; de Hacienda, Ernesto Cordero; de Sedesol, Heriberto Félix; de Economía, Bruno Ferrari; de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome; de Salud, José Ángel Córdova; de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano y de Turismo, Gloria Guevara.

Los legisladores exigieron que se invalide el decreto en el que se reforman y adicionan disposiciones del Reglamento de la Ley General de Población, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 19 de enero.

“Resulta evidente que el titular del Ejecutivo carece de facultades para emitir normas reglamentarias sobre el registro de datos personales de los mexicanos y la expedición de un documento de identidad cuando el texto constitucional no atribuye de manera expresa su competencia en esta materia”.

La controversia, conformada con los documentos presentados por los diputados del PVEM Pablo Escudero y del PT Jaime Cárdenas, subraya que los actos de autoridad que prevé el reglamento constituyen una intromisión en la esfera privada de las personas que accedan a solicitar la cédula de identidad personal o ciudadana y aun cuando es voluntaria la entrega de la información, “no exime a la autoridad de fundar y motivar el soporte legal de sus acciones.

“El vicio de origen, es decir, la ilegalidad de regular una materia sin contar con las facultades constitucionales expresas, no se compurga con la apelación a una norma ordinaria, jerárquicamente subordinada a la Constitución”, indica el texto.

Agencia El Universal