Con gran sorpresa me desayuné el pasado miércoles con la grata noticia que, a contracorriente de la malentendida tolerancia y respeto a los derechos humanos, que ha detonado la impunidad en el país, el Gobierno de Michoacán advirtió que la libertad de normalistas no se negociará.
¡Ah, chingá! Mi sorpresa mayúscula deriva del hecho sorprendente que el de Silvano Aureoles Conejo se trata de un gobierno del Partido de la Revolución Democrática (PRD), estrechamente vinculado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
La pregunta obligada que me asaltó de inmediato es por qué la Ley no se negocia en Michoacán y por qué sí en Oaxaca, con todas las consecuencias que ello implica, como el secuestro del secretario de Seguridad Pública de Chilchota, Teniente Coronel Alfredo Lucio Ríos Chávez.
No negociar la Ley al respetar y hacer respetar la Ley, a través del principio de autoridad, al final redituó amplios dividendos políticos al gobierno perredista de Aureoles al ser liberado por los normalistas el secretario de Seguridad Pública de Chilchota, Alfredo Lucio Ríos Chávez.
¿Qué tienen los gobernantes y servidores públicos michoacanos que no tengan los gobernantes y funcionarios oaxaqueños, si ambos son seres humanos? ¿Acaso los michoacanos son extraterrestres que provienen de otras galaxias? Unos y otros aparentemente son iguales.
Dónde radica, entonces, la diferencia, por qué el comportamiento y actuación ante un conflicto similar tiene tratamiento diferente. En Oaxaca, el gobierno de Gabino Cué Monteagudo cede todo a las presiones y chantajes de la Sección XXII de la CNTE y de los normalistas.
A nuestro juicio, salvo su mejor opinión, queridos lectores, la diferencia en el desempeño de los gobernantes y funcionarios públicos oaxaqueños y michoacanos, es que los primeros han priorizado y privilegiado sus intereses personales por encima del interés general de la sociedad.
Asimismo, por otro lado, en el caso oaxaqueño del conflicto magisterial en la Sección XXII de la CNTE y de los normalistas han prevalecido los compromisos económicos y políticos de los gobiernos en turno, porque ciertamente es un conflicto histórico heredado por Gabino Cué.
Pero precisamente en este últimos sentido es donde tiene su mayor y mejor fundamento y motivación el reclamo de los oaxaqueños, toda vez que el gobernador Gabino Cué tuvo todo a su favor para resolver de una vez por todas el añejo y prefabricado conflicto magisterial.
No pecamos de ingenuos ni nos chupamos el dedo. No ignoramos que sin el indispensable apoyo de Manuel Andrés López Obrador para concretar la alianza PAN-PRD, impulsada por el propio presidente Felipe Calderón Hinojosa, Gabino jamás hubiera sido gobernador de Oaxaca.
El efecto Peje y la abierta participación de las organizaciones sociales radicales, integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), destacadamente la Sección XXII de la CNTE, así como de los grupos armados que les apoyan, Gabino jamás hubiera ganado.
Entendible que se viera obligado a cumplir los compromisos contraídos con las organizaciones políticas y sociales que conformaron la APPO, pero jamás justificable que rindiera la plaza de Oaxaca al entregar el viejo IEEPO a los enemigos de la educación laica, pública y gratuita.
Muy tarde, en la recta final de su administración, el gobernador Gabino Cué comprobó en carne propia que mal paga el Diablo a quienes se alían con él, en este caso, el presidente del consejo nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la Sección XXII de la CNTE.
Lo mismo ocurrió con las numerosas organizaciones políticas y sociales de izquierda, a quienes a lo largo de cinco años el Gobierno de Oaxaca financió a manos llenas a fondo perdido a grado tal que, como era lógico y natural, finalmente provocó el colapso de las finanzas estatales.
Prueba de ello, en la administración gabinista la deuda pública se disparó en un 400 por ciento al superar los 20 mil millones de pesos, que desafortunadamente tendrán que pagar los oaxaqueños de la actual y futuras generaciones. Pero eso, a qué funcionario público importa.
Además de totalmente condenable, resulta inentendible que a los integrantes del gabinete legal y ampliado del feneciente gobierno no importe hipotecar el futuro de sus hijos y de los hijos de sus hijos al dejar un Estado fallido. Es una actitud más que mezquina, verdaderamente estúpida.
Al igual que sus padres, seguramente los hijos de la mayoría de los actuales servidores públicos no se quedarán a vivir en Oaxaca, algunos vivirán en Estados Unidos y otros más en Europa, pues algunos funcionarios como Alberto Vargas Varela compraron propiedades en España.
Sin embargo, a donde vayan a vivir les perseguirá como su sombra la corrupción que, dolorosa y lamentablemente, heredarán en su carga genética a sus hijos y a sus nietos en su apellido, como una maldición generacional. El juicio de la historia les condenará por siempre.
Ante el reclamo expreso o tácito de los oaxaqueños por el disfrute de su riqueza mal habida jamás podrán ver a los ojos a quienes les echen en cara sus raterías. Por si no hay cárcel y sólo risible inhabilitación de los funcionarios corruptos, ésa será la mayor sanción moral de por vida.
No es del todo cierto que los pueblos no tengan memoria histórica. La historia sigue sentando en el banquillo de los acusados al ex gobernador Rodolfo Brena Torres por chantajear a la alemana Volkswagen para hacerle socio, cuando la armadora automotriz pretendió instalarse en Oaxaca.
Otro tanto ocurre con el ex gobernador Heladio Ramírez López por haber entregado todo el poder y el dinero del viejo Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca a Erangelio Mendoza, dirigente de la Sección XXII de la CNTE el fatídico 28 de octubre de 1992.
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