Línea 12: ninguna acción legal contra Marcelo Ebrard
• La federación hace su auditoría y pedirá aclaraciones
• Sedesol abre sus programas a supervisión legislativa
Las circunstancias se han alineado a favor de Los Chuchos.
La corriente de Jesús Ortega y Jesús Zambrano, dominante en el Consejo Nacional y en la estructura general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se encuentra fortalecida.
Salió vencedora del envite lanzado por Marcelo Ebrard cuando anunció sus aspiraciones e inició una campaña por modificar el proceso de elección para tener alguna oportunidad ante Carlos Navarrete.
Mucho más le ayudó el lanzamiento de Cuauhtémoc Cárdenas por, mire usted quién, René Bejarano, el ex secretario particular de Andrés Manuel López famoso por sus fajos de dólares en el despacho de Carlos Ahumada.
De Ebrard no hay noticias.
Ha recurrido a ex colaboradores suyos para instrumentar una campaña con la intención de salir del atolladero de ineficiencia, improvisación y tal vez corrupción con el cual se edificó su obra máxima en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal (GDF), la Línea 12 del Metro.
No ha tenido suerte.
Uno de sus máximos deseos es abrir las puertas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para defenderse ante los diputados capitalinos, pero ni en el equipo de Miguel Mancera ni en el de Manuel Granados, jefe del control político de ese cuerpo parlamentario, hay la intención de escucharlo.
Además, no es necesario.
PREPARATIVOS PARA GASTAR MILES DE MILLONES
Aquí le va un adelanto de exoneración:
Nadie ha pensado proceder contra Ebrard.
No hay fundamentos administrativos porque, en última instancia debe responder Armando López Cárdenas, quien se hizo cargo de la Secretaría de Finanzas del GDF cuando Ebrard creyó estar en posibilidad de designar sucesor a Mario Delgado.
Hoy paga con desprestigio, pero sanción política al fin.
Mientras tanto, Miguel Mancera hace malabares para reanudar la operación de la Línea 12, razón por la cual contrató a la empresa francesa Tricaud Societé Organisé (TSO) para realizar un diagnóstico -los 25 millones del contrato van a la cuenta de ineficiencias heredada de la administración anterior, pero al mismo registro han ido los 600 millones invertidos de 2013 a la fecha para evitar una catástrofe homicida.
La suma no parece tener fin.
En el gobierno de la ciudad hacen cálculos y concluyen: todavía restan millones y millones –el diagnóstico lo dará TSO en tanto GDF y el consorcio de ICA, Carson y Alstom dirimen sus culpas-, pero no se escatimarán ni esfuerzos ni recursos.
Eso sucederá mientras, escenario imprevisible hasta principios de año, Los Chuchos ven de lejos a quienes quisieron quitarles el control del PRD y ahora están en desgracia.
Salvo un gesto generoso de su parte, ni Cárdenas y mucho menos Ebrard están por ahora en la contienda para suceder a Jesús Zambrano, a quien ratificó el Consejo Nacional perredista por una sola razón: ellos tienen el control absoluto del partido.
LA FEDERACION YA TIENE LISTAS SUS AUDITORIAS
1.- Está prácticamente terminada la investigación del gobierno federal, vía Secretaría de la Función Pública (SFP) y Auditoría Superior de la Federación (ASF) para saber cómo fueron manejados los recursos entregados por el gobierno de Felipe Calderón para la Línea 12.
Tal vez en cuestión de horas decida proceder contra los probables responsables de malos manejos de unos ocho mil millones de pesos, aunque otros cifran la aportación en nueve mil.
Pero habrá una noticia positiva: si es necesario, el gobierno de Enrique Peña Nieto ofrecería recursos o al menos su aval a Miguel Mancera para contratar deuda.
Y 2.- el subsecretario de Desarrollo Social Humano, Ernesto Nemer, se reunió con la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados y planteó designar representantes de ese cuerpo legislativo con la Sedesol.
Es increíble, pero no había esa relación para supervisar cada uno de los programas asistenciales.
Les hizo también una promesa: las obras del Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias, contenidas en el FAIS, deberán estar concluidas al 31 de julio en estados y municipios.