Ejidatarios de Culhuacán buscarán la demolición y cambio de trazo de la Línea 12 del metro, puntualmente del tramo elevado en las estaciones Culhuacán y San Andrés Tomatlán, como consecuencia del incumplimiento del pago por 25 millones de pesos a cuenta de la expropiación de los ejidos que nunca fue liquidada por el Gobierno del Distrito Federal, encabezado por Marcelo Ebrard y evadido por Miguel Ángel Mancera.
De acuerdo con el oficio 000966 del 25 de septiembre de 2012 enviado al director de Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo, José Antonio Tomasena Larruy, del cual Quadratín México tiene copia, debieron entregarse 25 millones de pesos al Ejido de Culhuacán como parte del apoyo económico por concepto de impacto por mitigación de obra derivado de la falta de pago de las expropaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 3 de octubre de 1938 y 13 de agosto de 1965.
Posterior a esta confirmación de deuda por parte del gobierno capitalino, la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del GDF, solicitó en una Afectación Presupuestaria Líquida con el número C 10 PD ME 11685 para que se ejecutara el pago a los 203 ejidatarios afectados por el trazo de la llamada línea dorada. El pago nunca fue concretado, pese a existir la erogación de las arcas públicas.
Como respuesta a una solicitud de información realizada por los propietarios del ejido en busca de algún indicio de pago del cuál pudieran no haber sido notificados, requirieron a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) los comprobantes y recibos de dicha erogación, no obstante el pasado 19 de diciembre de 2014 bajo el oficio SEDUVI/DGAJ//1424/2014 la Dirección de Control de Reserva y Registro Territoria, adscrita a la Dirección General de Administración Urbana de la SEDUVI confirmó que no existe antecedentes de indemnización a los ejidatarios.
«Realizada la búsqueda de información en los archivos que obran en la Dirección General de Administración Urbana, no se detectó antecedente de pago alguno, por lo que se sugiere dirigir su petición a la Dirección de Obras Públicas», responde el documento firmado por el Director de Control de Reserva y Registro Territorial, Alberto Gómez Arizmendi.
Frente a este panorama, el asesor jurídico de los ejidatarios, Ernesto Fernández, en entrevista con Quadratín México, detalló que los 203 propietarios vulnerados solicitaran esta semana a la Secretaría de Obras Públicas la demolición de las estaciones Culhuacán y San Andrés Tomatlán, exigiendo que se les devuelvan los predios ocupados actualmente por la Línea dorada.
«Los dueños pueden hacerlo porque se trata de propiedad privada que fue expropiada ilegalmente ya que nunca se les pago y no solo eso, sino que se usaron recursos federales en las obras, lo que agrava el estatus jurídico de los predios, porque cualquier tierra debe estar debidamente expropiada y debidamente pagada antes de ocuparla», detalló el abogado Ernesto Fernández.
Según su representante, actualmente los ejidatarios son personas de la tercera edad que vivían de rentas de locales comerciales y producción de sus tierras, sin embargo con la expropiación no solo perdieron la mayor parte de sus ingresos, sino su patrimonio, por lo descartan recibir el pago ordenado en 2012.
«En caso de una negociación con el gobierno del Distrito Federal estaríamos pidiendo un reavalúo, porque la orden de pago es de 2012, es decir hace ya casi tres años, tendría que hacerse una nueva orden, pero los ejidatarios ya no quieren el pago, sino la desocupación de sus tierras», concluyó Fernández. En la gran obra del Bicentenario, inaugurada el 30 de octubre de 2012 con casi un año de retraso, el listón fue cortado por el entonces presidente, Felipe Calderón, y el ahora ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard.
El costo original proyectado fue de 17 mil 500 millones de pesos, sin embargo la obra costó 26 mil millones de pesos, con un sobreprecio de 744.5 millones para obras complementarias, aunado a las afectaciones como el cierre del 50 por ciento de las estaciones que afecta a 425 mil usuarios y la pérdida de 6 mil empleos.
