La Secretaría de educación Pública (SEP) “no tiene ninguna atribución legal, ninguna facultad para definir políticas que tienen que ver con lo estrictamente laboral en las entidades federativas”, comentó el titular de la dependencia, Alonso Lujambio Irazábal.
Consideró que debe ser el gobierno de Michoacán y las autoridades judiciales las que “tomen cartas” sobre la plaza magisterial que tiene Servando Gómez Martínez, La Tuta, uno de los principales líderes del cártel de La Familia Michoacana adscrito a una escuela del municipio de Arteaga.
Para México es una “pésima noticia que una gente de esta naturaleza esté en una nómina de maestros”, dijo el funcionario federal sobre el caso.
Al concluir la reunión privada en la que presentó los resultados de la prueba PISA —de la OCDE— a legisladores, Lujambio Irazábal dijo, en entrevista con EL UNIVERSAL, que en el caso de este integrante de La Familia Michoacana, en la SEP “ya hicimos lo que teníamos que hacer.
“Nosotros ya hicimos nuestro trabajo fundamental, absolutamente estratégico, imprescindible para el desarrollo del sistema educativo mexicano, que es la transparencia; y, por fortuna, ya rinde resultados y genera consecuencias”, aseguró el secretario.
Comentó que el papel de la SEP es el de actuar como “un órgano regulatorio” del sistema educativo nacional, y como tal estableció la transparencia para la rendición de cuentas.
“Nosotros estamos muy contentos de que la opinión pública haya logrado conocer esta información, porque la única manera de conocerla es transparentándola, y la transparencia empieza a dar resultados. Son resultados positivos, generan contextos de exigencia y evitan que esto suceda”, afirmó.
Facultad de los estados
A través de un comunicado, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que hasta ahora ofrece a las autoridades de Michoacán y a las de procuración de justifica federal su colaboración en las investigaciones que pudieran realizarse, en torno al presunto líder del cártel de La Familia Michoacana.
La dependencia informó que desde la descentralización educativa de 1992, los gobiernos de las entidades federativas son competentes para manejar las relaciones jurídicas con el personal docente y directivo, adscrito a los planteles y demás servicios que actualmente administran en sus territorios.
“Gracias a dicho ejercicio de transparencia, EL UNIVERSAL pudo elaborar su nota informativa en la que presumiblemente identifica a Servando Gómez Martínez, un presunto narcotraficante, en el listado correspondiente al registro de maestros del estado de Michoacán”, señaló la dependencia.
Lujambio Irazábal afirmó que “va a ser muy difícil que esto suceda en el futuro, sabedores todos de que la nómina está en internet”.
Agencia El Universal