Representantes de las Naciones Unidas (ONU) se reunieron con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), José Francisco Blake, para confirmar el cumplimiento de las resoluciones emitidas por organismos nacionales e internacionales sobre desapariciones forzosas en los últimos 40 años.
En el encuentro privado, autoridades de la Segob informaron que para 2011 el Congreso de la Unión aprobó una partida de 30 millones de pesos, de los cuales un porcentaje considerable será destinado para el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y para resarcir una serie de daños.
Las autoridades federales externaron su disposición para asignar recursos a las personas afectadas por desapariciones forzadas, casos en los que no ha habido ningún detenido.
A su arribo al palacio de Cobián, los representantes de la ONU se negaron a hacer comentarios, porque tienen programado emitir un informe preliminar el 31 de marzo, después de sus encuentros con autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) —reuniones que ocurrieron ayer—, además de visitas a entidades como Chihuahua, principalmente a Ciudad Juárez; Guerrero y Coahuila.
El próximo 31 de marzo, los enviados de Naciones Unidas se reunirán nuevamente con autoridades federales y estatales, ministros, legisladores y representantes de la sociedad civil para elaborar sus últimas conclusiones, con el objetivo de entregar una relatoría final en cuatro o cinco meses.
Casos pendientes
En la agenda del grupo de trabajo de la ONU destaca la recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) —que se dictó hace 10 años—, relacionada con crímenes del pasado de principios de los años setenta; la 7/2009, sobre dos dirigentes del EPR, y una más sobre Rosendo Radilla, quien desapareció en un retén militar, en Atoyac de Álvarez, Guerrero, hace 37 años.
Sobre el último caso, autoridades federales reconocieron que sólo en el expediente Radilla se tenía a un probable responsable de su desaparición, quien finalmente murió mientras se desarrollaban las investigaciones, por lo que todas las desapariciones forzosas y crímenes se mantienen impunes.
El grupo de trabajo sobre desapariciones involuntarias de la ONU, conformado por Jasminka Duzmhur, Ariel Dulitsky y Osman El Hajjé, expresó su preocupación por la cifra de más de 35 mil asesinatos relacionados con la delincuencia organizada en el país.
Durante el encuentro privado, autoridades de la Segob aclararon que un porcentaje de la bolsa de 30 millones de pesos se destinará a instrumentar mecanismos para apoyar a víctimas del caso conocido como campo algodonero.
En noviembre de 2009, la Corte Interamericana emitió una sentencia en la que enfatizó que en Ciudad Juárez, Chihuahua, hubo ausencia de medidas de prevención contra la violencia dirigida a las mujeres, a pesar de los señalamientos de la CNDH.
El gobierno federal precisó que también utilizará parte de esos recursos para responder a la recomendación del organismo internacional emitida en octubre pasado, sobre el caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas Me’phaa del municipio de Ayutla de los Libres, quienes fueron violadas por elementos del Ejército mexicano hace nueve años.
Gobernación emitió un comunicado en el que confirmó el encuentro.
Ministros delinean agenda
El grupo de trabajo de las Naciones Unidas también se reunió —por separado— con miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El ministro Arturo Zaldívar explicó, en entrevista previa a la sesión de ayer, que los expertos de la ONU se interesaron en dos temas fundamentales: la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, concretamente en el combate al crimen organizado, y la sentencia de la CIDH en el caso Rosendo Radilla.
“Les informamos cuál es el trámite del caso Radilla e hicimos del conocimiento de los comisionados que (el tema) está en discusión en la Corte, sobre el cual ya hubo un primer proyecto que fue desechado sólo por razones de procedimiento”, explicó Zaldívar.
Los ministros también informaron a los comisionados de la ONU que, en breve, la Corte discutirá el fondo del asunto, así como la obligatoriedad de las sentencias de la CIDH, los alcances del fuero militar y todo lo que conlleva el caso Radilla.
Agencia El Universal