La tentación autoritaria y la verticalidad en el ejercicio del poder como mecanismo para administrar el gobierno no son patrimonio de un partido ni de una corriente de derecha o izquierda.
Los cambios duraderos se reflejan en el respeto y subordinación a la ley que demuestren los gobernantes y las instituciones; el gobierno entrante ha dejado ver que pretende una amplia reforma a los marcos normativos de dependencias, organismos e instituciones; sin embargo, el costo de hacer cambios institucionales, amparados en el consenso electoral, pero sin respetar la forma legal, implica vulnerar de manera definitiva la legitimidad del nuevo gobierno y su capacidad de aplicar la ley.
Es claro que los poderes legislativo y judicial así como muchas de las instituciones del estado, solo jugaron un papel de subordinación frente al poder ejecutivo en los sexenios anteriores, hoy puede resultar peor el remedio que la enfermedad, al pretender revertir esta situación utilizando los mismos criterios de discrecionalidad y autoritarismo, revistiéndolos solo con un superficial cambio de forma.
Fiscalizar la correcta aplicación de los recursos públicos es una obligación del estado y un derecho de la sociedad, contar con los organismos que realicen esta tarea de manera eficiente es un indicador real para medir el avance democrático de un gobierno.
La concentración excesiva de poder a manos del ejecutivo como la que ha existido en nuestro estado, se especializó en hacer una simulación de las demanda ciudadana de una clara rendición de cuentas y de la certeza de contar con organismos que vigilaran y sancionaran a las autoridades que por omisión o intención hicieran mal uso de los recursos públicos.
De la misma manera se vulneró profundamente la credibilidad en una efectiva procuración de justicia y en un organismo capaz de garantizar el respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, como evidente resultado de la crisis de legitimidad del 2006, el régimen se vio obligado a impulsar reformas en estos temas, “para salvar la bolsa, hay que renunciar a la corona” escribiría Marx.
De esta manera se impulsó la reforma que permitió la autonomía de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca y el nombramiento de su titular a manos del congreso, de la misma manera que el titular de la Procuraduría del Estado.
Esto, que en su momento no tuvo mayor impacto al darse en un congreso dominado por una sola fuerza política y subordinado al poder ejecutivo, encuentra su verdadero valor al significar un cambio institucional que modifica el contenido de estos organismos, cambio que se llena de contenido hoy en medio de un congreso plural.
Por otra parte, la creación en Oaxaca de la Auditoría Superior del Estado (ASE), a raíz de la reforma federal al artículo 116 del 2008, que obliga a todos los estados de la República a contar con Órganos de Fiscalización con características especificas (unipersonales, con autonomía técnica y de gestión, titular electo por dos terceras partes de los miembros presentes del congreso, entre otras) representó un logro de la sociedad y su capacidad de exigirle y ponerle controles al poder público, aun en su versión más autocrática
En medio de los reacomodos y priorizando la intención de reemplazar a su actual titular, el nuevo gobierno que encabeza Gabino Cué ha presentando un proyecto de Decreto que pretende reemplazar a la ASE por una Contraloría Superior del Estado.
Pero al hacerlo, no se ha caído en cuenta del impacto negativo que significaría para la legitimidad de la actual administración y por ende, en su capacidad de cumplir y hacer cumplir la ley.
Esto en el sentido que dicha reforma es esencialmente inconstitucional, al pretender eliminar una institución creada de acuerdo a la Constitución Federal solo en función de tener un mayor control en la composición del nuevo organismo.
Sin la presentación de un solo argumento que permita afirmar que el nuevo organismo hará una mejor labor, se deja ver un resabio autoritario del ejecutivo, con su intención de crear y desaparecer instituciones a voluntad.
La propuesta signada por el titular del ejecutivo señala que la referida “Contraloría Superior del Estado de Oaxaca” sería un organismo colegiado, integrado por tres personas, un diseño inédito en el país y en América Latina donde no existen órganos colegiados de fiscalización.
En el país, hoy se señala por parte de la sociedad civil organizada, que organismos que nacieron autónomos, ciudadanizados para ser capaces de tener imparcialidad en sus resoluciones tales como el IFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Banco de México, el IFAI entre otros, se encuentran secuestrados por los partidos políticos, es decir, no se “ciudadanizaron” sino solo se “partidizaron“.
La conformación de órganos colegiados en temas cruciales como la fiscalización se presta para el reparto de cuotas entre partidos y la negociación de la justicia, tal como señala José Woldenberg: “Resulta impertinente que los partidos políticos a través de sus grupos en los congresos, prefieran contar con enviados o representantes en los órganos autónomos. Pero resulta aún peor que los nombrados se piensen a sí mismos y actúen como si fueran los emisarios de sus designadores”.
Es indispensable evaluar a la actual ASE por los resultados que ha producido en tan solo 2 años 7 meses de creación (plazo demasiado corto para hacer el juicio sumario de una institución).
Si el interés real es contar con una mejor fiscalización de los recursos que ejercen las autoridades en nuestro estado, los esfuerzos deben ir encaminados a evaluar y fortalecer el desempeño del actual organismo existente, que sean resultados tales como las sanciones impuestas a funcionarios y autoridades opacas y la efectividad de las auditorias que realice los que hablen; pero si tan solo se pretende tomar el control de este tema, en función del interés de grupo o partido, no hay por qué esforzarse con la creación de un mamotreto institucional, que en sus inconsistencias ofende a la razón y a la esperanza de hacer mejores y más democráticas a las instituciones.