Nicaragua.- La palabra dictadura parece untada a la piel de la política de Nicaragua. Con la cuestionada reelección del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en unos comicios generales catalogados como fraudulentos e ilegales por la oposición y como irregulares y con signos de trampa por organismos internacionales, la más pobre e históricamente más inestable nación centroamericana entró a una acelerada crisis institucional, en un nuevo fuego cruzado de acusaciones, amenazas, protestas y reclamos.
Ensangrentadas por la muerte de tres opositores y con heridos en choques callejeros, las elecciones del 6 de noviembre anterior fueron ganadas por Ortega para reelegirse a un segundo periodo consecutivo de cinco años a partir de enero de 2012, en lo que será su tercer mandato, ya que gobernó de 1985 a 1990, aunque la Constitución política de Nicaragua prohíbe ejercer la presidencia más de dos veces y de manera sucesiva.
Desde la cúpula del poder ejecutivo, el jefe del gobernante y ex guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) controla el ejército y la policía y la estructura gubernamental; ahora dispone de mayoría legislativa —logró 62 de 90 escaños— y, según la oposición política y organizaciones de la sociedad civil, también manda sobre el Consejo Supremo Electoral, el Poder Judicial y la Contraloría General, que debe vigilar el accionar del Estado.
Bendecido por la influyente figura del cardenal nicaragüense Miguel Obando y Bravo, aunque la jerarquía de la Iglesia católica en Nicaragua denunció con insistencia que la reelección de Ortega estuvo marcada por la ilegitimidad y el fraude, al presidente se le acusa de llevar al país hacia lo mismo contra lo que luchó de joven insurgente: una dictadura, como la que la familia Somoza instaló en 1934, hasta que en 1979 fue derrocada por el FSLN, en una guerra de guerrillas.
“La de Ortega es una dictadura con ropaje institucional”, dijo Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (ente no estatal).
“Combatí a los Somoza, pero esta lucha de hoy es más difícil que contra los Somoza, porque son dictaduras distintas. Esta tiene ropaje jurídico, sin independencia de los otros poderes. La policía se la tomó Ortega para usarla como instrumento de represión política. Es gravísimo”, alertó Núñez en una entrevista con EL UNIVERSAL.
“De varios escenarios que se tenían planteados para el periodo posterior a las elecciones, salió el peor, que es el control más absoluto del poder. Lo más grave es el control del Poder Judicial, sin independencia; está corrupto y partidarizado. Viene la persecución judicial y vendrán persecuciones fiscales, arancelarias, aduanales y una campaña de deslegitimación para destruir nuestra credibilidad”, aseguró.
“Se está dando paso al establecimiento de una nueva dictadura, progresivamente se pierde toda libertad y la violación de los derechos humanos es sistemática”, puntualizó. El panorama, reconoció, es de “incertidumbre, completamente incierto”.
Para tratar de revertir la crisis, la oposición política y las más diversas agrupaciones de la sociedad civil están solicitando que los comicios sean anulados y haya nuevas elecciones, pero parece lejana la posibilidad de que el “orteguismo” ceda su triunfo y acepte volver a convocar a una consulta popular.
“Esto es una dictadura”, insistió Violeta Granera, directora ejecutiva del Movimiento Por Nicaragua, agrupación civil que convocó a la oposición a marchar en Managua el próximo sábado para pedir que se repitan las elecciones. Al preguntársele sobre el futuro nicaragüense si se rechaza su demanda, respondió que “lo que va a pasar es que se va a cerrar el círculo vicioso de la historia nicaragüense: dictadura, confrontación entre hermanos, violencia y perpetuidad del empobrecimiento”.
En un juego de palabras para involucrar a Rosario Murillo, la poderosa esposa del gobernante, Granera relató a este diario que los informes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) “fueron muy claros en describir el rosario de irregularidades en las elecciones”.
¿Diálogo?
Reiterados intentos del enviado por obtener una entrevista con la dirigencia de gobierno y del FSLN no fueron respondidos. En una breve consulta telefónica, Jacinto Suárez, diputado nicaragüense al Parlamento Centroamericano y jefe de Relaciones Internacionales del FSLN, respondió que todos los cuestionamientos de los opositores nicaragüenses a la reelección de Ortega “me dan risa”.
Al anochecer del pasado 25 de noviembre, el presidente lanzó una sorpresiva oferta de diálogo a sus rivales para conversar “en primer lugar” sobre los intereses nacionales y los de los sectores obreros, campesinos y productores. Sin embargo, la alianza opositora encabezada por el periodista y empresario radiofónico Fabio Gadea Mantilla, candidato presidencial derrotado el 6 de noviembre y principal contendiente de Ortega, desconoció el resultado electoral y alegó que “moralmente” se considera el presidente electo en las urnas el primer domingo de este mes.
“La crisis institucional es profunda”, recalcó Carlos Tünnermann, quien fue ministro de Educación en la revolución sandinista que gobernó en este país de 1979 a 1990, en un régimen también acusado de tendencia totalitaria.
“El Consejo Electoral está totalmente partidarizado a favor del FSLN. Es evidente el fraude que se ha cometido; ha sido burlada la voluntad política de los nicaragüenses”, explicó Tünnermann a este periódico, al destacar una palabra utilizada por la Unión Europea en su informe sobre los comicios: “trampas”.
Agencia El Universal