El Senado de la República aprobó la nueva Ley General de la Economía Social y Solidaria, que busca fomentar e impulsar al sector social de la economía, garantizado en el artículo 25 de la Constitución política mexicana. Sin duda, esta nueva ley representa mucho para el desarrollo de México, pues no sólo se retoma el curso de la historia del país, sino que además es una enorme oportunidad para reconstruir nuestra economía, pues al conferirle derechos diferenciados –de acuerdo a su naturaleza– a cada uno de los sectores consagrados en la Constitución, se potencializa el desarrollo del sector social.
Poder concretar esta ley ha sido resultado de un arduo trabajo de meses; es fruto de un esfuerzo conjunto, donde participaron, con su análisis, expertos nacionales e internacionales en el tema; pero también es fruto de la estrecha colaboración con dirigentes y representantes de cooperativas de todo tipo, que conforman el sector social de la economía en México.
Recogimos y pusimos en perspectiva historias, algunas de fracaso y muchas de éxito. Entendimos que los logros demostraban la enorme vitalidad e importancia de la economía social y solidaria, la gran palanca que representa para garantizar el bienestar de cientos de miles de familias mexicanas y su contribución al progreso de México; mientras que aquellas experiencias malogradas en el que muchas cooperativas se perdieron, nos demostraron el hecho irrefutable de que el sector carecía de un cuadro normativo que en verdad les fomentara y protegiera.
Por décadas, hemos tenido modelos y estrategias unidimensionales y pendulares, en los que el énfasis estuvo o en la economía pública, con un Estado excesivamente interventor y monopólico; o en una economía excesivamente liberal de mercado, con un Estado omiso y permisivo ante el poder de monopolios y oligopolios privados que se afanan en su desmedido e inmoral ánimo de lucro, quebrantando la economía del país y orillado al empobrecimiento a millones de mexicanos.
Ambos polos se han disputado el horizonte de desarrollo económico y hoy mismo sufrimos un cuadro en el que se colisionan los intereses monopólicos y difícilmente el Estado puede actuar con solvencia para evitar que dicha confrontación pública afecte desfavorablemente la economía de las familias.
Atrapado en estos dos modelos, el Estado ha sido ineficiente para procurar el desarrollo nacional también a partir de la economía social y solidaria. Pero, a pesar de esta grave omisión y de condiciones normativas que no le son propicias, el sector social de la economía está ahí, como gran motor económico desperdiciado por gobiernos de uno y otro matiz, pero del que cientos de miles de familias dependen para su bienestar.
Aún aquellos países que hoy encabezan la economía mundial, distinguidos por su énfasis capitalista, basan mucho el éxito de su bienestar en el resurgimiento del sector social de la economía. El fuerte impulso a la economía social en la Unión Europea ha logrado que en los 25 países que la constituían en el 2005, existieran más de 240 mil cooperativas activas, que proporcionaban empleo directo a 4.7 millones de trabajadores y agrupaban a 143 millones de socios, abarcando todos los sectores y actividades económicas, especialmente la agricultura, la intermediación financiera, la distribución comercial, la vivienda y el trabajo asociado en la industria, la construcción y los servicios.
De acuerdo con los datos que proporciona la Alianza Cooperativa Internacional, en el mundo existen alrededor de 800 millones de cooperativistas, de los cuales dependen más de 3 mil millones de personas. Es tal su importancia, que el 18 de diciembre de 2009, por consenso, fue propuesto por 55 Estados miembros de la ONU, la resolución Las cooperativas y el desarrollo social, que proclama 2012 Año Internacional de las Cooperativas. En esta resolución se reconoce el modelo empresarial cooperativo como un factor fundamental en la realización del desarrollo económico y social, e instan a los gobiernos, instituciones internacionales, cooperativas y otras partes interesadas a apoyar el desarrollo y el crecimiento de las cooperativas en el mundo. No hay mejor manera de recibir el 2012 que con la Ley General de la Economía Social y Solidaria.
El punto medular de esta ley que promovimos estriba en que se reconozca plenamente al sector, se le otorgue una normatividad específica, no privilegiada para subsidiarla o protegerla deslealmente y en detrimento de otros sectores de la economía, sino abriendo los cauces para que pueda contribuir con toda su potencialidad en el rediseño del modelo de desarrollo económico del país, que se traduzca en bienestar integral para las familias mexicanas en la ciudad y en el campo.