Los supuestos expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA), a punto de culminar su presencia en México, iniciaron una intensa campaña para desacreditar al gobierno poque a su juicio ha frustrado las investigaciones para dar con los 43 normalistas desaparecidos de Ayotizinapa, Guerrero.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ofrecerán mañana su mensaje final y en unas emana deberán salir del país porque la administración del presidente Enrique Peña Nieto decidió no prolongar su presencia tras firmar un convenio de colaboración y pagarles su estadía.
Varios integrantes del equipo hablaron con enviados The New York Times, el cual dedicó la nota principal de su edición impresa latinoamericana para reproducir las quejas de Claudia Paz y Paz, Francisco Cox, Carlos Beristáin y Angela Buitrago.
Dijo Paz y Paz:
«Las condiciones para llevar a cabo nuestro trabajo no existen. La prueba es que el gobierno se opuso a extender nuestro período, ¿o no?».
El chileno Francisco Cox, a quien presentan como abogado en derechos humanos, opinó:
«No tenía sentido quedarse aquí porque en cierta manera es dar legitimidad a algo que en el fondo sabes que no es correcto».
Carlos Beristain:
«Estaba claro en la investigación del gobierno y de la versión oficial de que hubo una intención de mantener este caso a nivel municipal, en términos de responsabilidad», pero a su juicio está demostrada la presencia de agentes estatales y federales.
Los desacuerdos comenzaron en septiembre, cuando el GIEI simplemente se dedicó a negar la llamada «verdad histórica» de Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
Criticó Cox:
«Después de nuestro reporte, fue evidente que la relación cambió. Ellos pensaron que nosotros íbamos a mantaner su versión de lo que pasó».
Acusaron al gobierno de ataques a dos expertas, Angela Buitrago y Claudia Paz y Paz:
«Eso fue inimaginable. El propósito de todo esto fue sólo parea deslegitimar la investigación, para desacreditarnos y distraernos».
Las presiones se extendieron a Emilio Alvarez Icaza, cabeza de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y quien ha sido crítico del gobierno mexicano y en especial de la administración de Enrique Peña Nieto y su quipo de trabajo.
«Es interesante que ellos hayan investigado esto, en lugar de investigar los cientos de casos de personas que no saben nada de sus seres queridos, sin ningún tipo de asistencia de la Procuraduría», dijo James Cavallaro, presidente de la CIDH.