Ocho años después de la firma de los acuerdos de paz en Colombia, aún persisten desafíos importantes, dijo hoy al Consejo de Seguridad el jefe de la misión política especial de las Naciones Unidas en el país, advirtiendo que la violencia está resurgiendo en algunas zonas.
“En lugares como el Catatumbo, el Cauca o el Chocó, la violencia, la inseguridad, la pobreza y las economías ilícitas que persisten siguen poniendo de relieve la importancia de seguir avanzando en el Acuerdo de Paz”, dijo Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Vigilancia de las Naciones Unidas en Colombia, ante el Consejo de 15 miembros.
A pesar de los desafíos, Colombia es un país diferente ahora de lo que era antes de la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016, dijo también, y agregó: “El Acuerdo puso fin a la mayor insurgencia del país, que duró décadas”.
Desde su firma, ha surgido un sistema político más inclusivo y se han creado mecanismos para que el país pueda abordar la desigualdad en la distribución de la tierra y la limitada presencia del Estado en zonas previamente afectadas por el conflicto. La dejación de las armas por parte de casi 12.000 excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) marcó un paso histórico en su transición a la vida civil. Ocho años después, la mayoría continúa participando en el proceso de reintegración.
Continuó señalando que el éxito de instrumentos como la sustitución voluntaria de cultivos ha sido limitado debido a la falta de seguimiento por parte del Estado de la ayuda al desarrollo prometida a los campesinos que erradicaron voluntariamente la coca. «Cabe destacar que la reactivación del programa de sustitución de cultivos forma parte de la respuesta del Gobierno a la crisis del Catatumbo», afirmó.
El Acuerdo de Paz se atribuye la creación de un sistema de justicia transicional innovador, que prioriza la verdad, la justicia restaurativa y la reconciliación. «Hoy en día, aumentan las expectativas de las víctimas y de la sociedad colombiana en general ante la emisión de sus primeras sentencias», afirmó, y se comprometió a que la Misión de la ONU esté preparada para supervisar el cumplimiento de las sentencias restaurativas.
Actores armados revierten avances en zonas donde excombatientes habían depuesto las armas
A pesar de un período de esperanza tras la deposición de armas de los excombatientes de las FARC-EP, en algunas zonas la situación se ha deteriorado con la llegada de actores armados, quienes se han aprovechado de la limitada presencia del Estado y han buscado el control de las economías ilícitas. Las comunidades en estos territorios han sufrido el impacto, afirmó, enfatizando que el desplazamiento, el asesinato de líderes sociales y excombatientes, y el aumento del reclutamiento de niñas y niños son inaceptables. «Una verdadera voluntad de paz no se demuestra extorsionando a las comunidades», afirmó.
Al llamar al actual Gobierno a agilizar la implementación del acuerdo, dijo también que “si el acuerdo se hubiera implementado con más profundidad en los últimos ocho años, hoy no tendríamos situaciones como las que se vivieron en el Catatumbo o el Cauca”.
Violaciones graves y reclutamiento de niños en aumento
Hilda Beatriz Molano Casas, Coordinadora de la Secretaría Técnica de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes al Conflicto Armado en Colombia, destacó la grave situación que enfrentan los niños, niñas y adolescentes de su país en medio del conflicto. Citando datos de fuentes nacionales e internacionales, advirtió sobre un marcado aumento de las violaciones graves en 2024-2025, incluyendo el reclutamiento por grupos armados y las desapariciones forzadas. Un enfrentamiento ocurrido en enero en el Guaviare, donde siete de las 21 personas asesinadas eran menores de edad, ejemplifica la persistencia y la propagación del reclutamiento infantil. Es preocupante que estas prácticas, que implican el uso de las redes sociales, se hayan extendido incluso a regiones remotas como el Amazonas, y se dirijan a la juventud indígena.
Las incursiones armadas también han interrumpido la escolarización, como se vio en Cauca, donde 840 estudiantes quedaron atrapados durante horas, señaló, y observó: «La participación de niños, niñas y jóvenes en grupos armados no puede entenderse de forma aislada. Va de la mano con otras violaciones graves, como los ataques a la educación». La falta de mecanismos de respuesta eficaces y la disminución de recursos obstaculizan los esfuerzos para prevenir y abordar las violaciones, advirtió, instando al Consejo a apoyar la plena implementación del Acuerdo de Paz de 2016, en particular herramientas como la Jurisdicción Especial para la Paz para promover la rendición de cuentas y la no repetición. El Consejo debe priorizar la protección de la infancia en las negociaciones de paz y presionar por la liberación inmediata de los menores de los grupos armados.
Llamados a reenfocarse en la implementación del acuerdo de paz
En el debate posterior, los miembros del Consejo destacaron la necesidad de reorientar la implementación del acuerdo de paz. La representante de Guyana, en representación de Argelia, Sierra Leona y Somalia, destacó los avances en la implementación del documento de 2016. «Si bien persisten numerosos desafíos, es evidente que la implementación del Acuerdo de Paz aún tiene el potencial de ser un ejemplo positivo para el resto del mundo», afirmó, citando los continuos esfuerzos del Gobierno por priorizar la reforma rural, impulsar el desarrollo socioeconómico y abordar el problema de las economías ilegales. La mayoría de los excombatientes de las FARC-EP que depusieron las armas siguen comprometidos con el proceso de reintegración, señaló con esperanza.
Además, el representante de Pakistán afirmó que es esencial identificar un compromiso genuino con la paz entre los actores armados. «Esta claridad puede ayudar al Gobierno a adaptar sus estrategias y fortalecer la confianza pública en el proceso de paz», afirmó, instando a todas las partes a responder positivamente a la iniciativa del Gobierno, renunciar a la violencia en todas sus formas y renovar su compromiso con el diálogo.
La implementación plena del acuerdo de 2016 requerirá “un enfoque de todo el gobierno con una estrecha coordinación con las autoridades regionales y locales y las fuerzas de seguridad de Colombia para que se sienta el impacto”, dijo el delegado del Reino Unido.
Los miembros del consejo condenan el reclutamiento de niños
Los oradores del Consejo condenaron el reclutamiento de niños por parte de grupos armados, y los representantes de Dinamarca y Grecia subrayaron que los niños, en particular los de las comunidades indígenas y afrocolombianas, siguen siendo los más afectados por la inseguridad en Colombia. Dinamarca señaló que 216 niños fueron reclutados por grupos armados el año pasado, incluidas niñas, con fines de explotación sexual, mientras que Grecia instó a tomar medidas para abordar el problema.
Varios oradores, entre ellos el representante de Estados Unidos, expresaron su preocupación por la “significativa escalada” de violencia desde principios de este año en el Catatumbo y otros lugares. “El nivel de ataques contra excombatientes aumentó, con 18 excombatientes asesinados entre diciembre de 2024 y marzo de 2025”, señaló, advirtiendo sobre la posible propagación de la violencia a otras partes de Colombia. “Los grupos armados se están fragmentando y están utilizando las conversaciones como una oportunidad para expandir su control y aumentar la producción de coca”, afirmó.
La reintegración de los excombatientes es crucial
Uno de los parámetros más importantes del acuerdo de paz es la reintegración de los combatientes «que han depuesto las armas y optado por la vida civil», afirmó el delegado de la Federación Rusa. Sin embargo, recientemente, un número récord de firmantes del acuerdo fueron asesinados. Y con la total impunidad de los ataques, las oportunidades para su plena reintegración a la vida pública y económica siguen siendo extremadamente limitadas. «Es evidente que la política de paz total aún no ha logrado sus ambiciosos objetivos iniciales», señaló.
Varias delegaciones destacaron las complejidades asociadas con las economías ilícitas. Al mencionar la implementación del programa nacional para la sustitución de cultivos de uso ilícito, el representante de Panamá expresó su preocupación por el aumento del 53% en la producción de cocaína. Esto subraya la urgente necesidad de fortalecer enfoques integrales para abordar esta situación.
Enfoque en la reforma rural integral
Los oradores afirmaron que la reforma rural colombiana es clave para corregir las causas estructurales del conflicto en el país. El representante de Francia, presidente del Consejo durante el mes de abril, en su calidad de representante nacional, destacó la necesidad de abordar la desigualdad en la distribución de la tierra. Celebrando los avances logrados, se comprometió a seguir brindando capacitación a Colombia y a apoyar la creación de cooperativas agrícolas.
“Esperamos que el Gobierno pueda generar un impulso decisivo para acelerar la reforma agraria”, declaró el delegado de la República de Corea. Para garantizar que las iniciativas de reforma agraria rural produzcan resultados tangibles, señaló que es fundamental verificar si las tierras se utilizan para cultivos ilícitos o han sido confiscadas por la fuerza por grupos armados.
Tras enfatizar que la reforma rural integral es un pilar importante del desarrollo nacional de Colombia, el delegado de China instó al gobierno de ese país a impulsarla y a generar beneficios para el desarrollo. «En virtud del acuerdo de paz, las medidas para abordar los problemas estructurales y generar efectos transformadores son a largo plazo y requieren paciencia y perseverancia», añadió.
La justicia restaurativa, clave para el proceso de paz
Varios delegados también destacaron la expectativa de Colombia de implementar sentencias restaurativas, cuyo objetivo es brindar justicia a las víctimas del conflicto. Con ese fin, el delegado de Eslovenia subrayó el papel central de la justicia transicional en el proceso de paz de Colombia e instó a las autoridades a avanzar a la siguiente etapa de su mandato histórico en beneficio de los sobrevivientes.
Laura Camila Sarabia Torres, Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, inició su discurso con el mensaje del Papa Francisco durante su visita a Bogotá en 2017: «Niños, jóvenes, adultos, ancianos que quieran ser portadores de esperanza, no se dejen agobiar por las dificultades, que la violencia no los doblegue, que el mal no los abrume. Salgan con ese compromiso de renovar la sociedad para que sea justa, estable y fructífera». Esto, «más que nunca, nos invita a soñar con un país diferente», dijo, señalando que el pueblo colombiano siempre ha buscado construir una nación de paz, y sin embargo, el país aún no ha logrado salir del ciclo de la barbarie.
El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia afirma que el Gobierno prioriza la reforma rural, la reducción de la pobreza y la reintegración de excombatientes.
El Acuerdo de Paz de 2016 no ha sido, ni será, fácil de cumplir, afirmó, señalando que su implementación fue ignorada durante cuatro años debido a decisiones políticas egoístas. La reforma rural avanza lentamente. El esclarecimiento de la verdad ha sido fragmentado, dejando a las víctimas en el medio. La llegada del Gobierno de Gustavo Petro fue una señal de apoyo popular para construir una Colombia de estabilidad y paz duradera, afirmó, destacando cómo el Gobierno ha priorizado la reforma rural, reducido la pobreza rural y reintegrado a los excombatientes.
Dirigiéndose a la Misión de Verificación de la ONU y al Consejo de Seguridad, expresó: «Su apoyo ha sido esencial para mantener vivo el espíritu del Acuerdo e impulsar proyectos estratégicos en los territorios para brindar alivio a las víctimas más vulnerables del conflicto». Colombia desea ver la paz institucionalizada, afirmó, y añadió: «Con el apoyo de esta comunidad, haremos de la paz un legado y no una promesa vacía».
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