La Organización de los Estados Americanos (OEA) dejó abierta la posible convocatoria a una reunión emergente de cancilleres, en el marco de la Carta Democrática Interamericana, tras una sesión que se realizó tras un intento de cancelación de Bolivia, que ejerce la presidencia.
La resolución adoptada volvió a exhibir hondas divisiones entre sus miembros sobre la manera de actuar frente a la crisis de la nación sudamericana.
La accidentada sesión del Consejo Permanente de la OEA se celebró a pedido de 21 países miembros, luego de ser suspendida por el embajador boliviano Diego Pary, quien abandonó el salón y acusó al organismo de realizar un «golpe de Estado» contra su presidencia.
Aunque la resolución fue adoptada por consenso en la sala donde estaban presentes los embajadores de 21 países, los gobiernos de El Salvador, República Dominicana, Bahama y Belice se abstuvieron al final de acompañar el documento.
La declaración fue aprobada con el respaldo de los 20 países que solicitaron el viernes la sesión, cuando Belice ejercía aún la presidencia del Consejo.
En su resolución, la OEA instó al gobierno del presidente Nicolás Maduro a garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional, incluyendo la restitución de las inmunidades y privilegios que la ley brinda a sus legisladores.
La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) emitió una sentencia en la que asumió las facultades del poder legislativo, a quien antes había declarado en desacato, y retiró la inmunidad a los legisladores, aunque el sábado revirtió ambas medidas.
La resolución reafirmó la disposición de la OEA para apoyar las medidas que permitan el retorno al orden democrático «a través del ejercicio efectivo de la democracia y el estado de derecho en el marco constitucional de Venezuela».
Asentó que seguirá ocupándose de la situación en ese país «y emprender, en la medida que sea necesario, gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluyendo la convocatoria de una reunión a nivel ministerial».
La adopción de la resolución marcó el punto más algido de la jornada en la sede de la OEA, después de que muy temprano trascendió la decisión de Pary de suspender la sesión extraordinaria anunciada el sábado, y programar en su lugar de carácter ordinaria que fue rechazada por los países peticionarios.
La sesión extraordinaria fue presidida por el embajador hondureño Leonidas Rosas Bautista con 21 países que le dieron quorum legal, en tanto que Pary presidió otra en un salón separado, al término de la cual algunos embajadores se sumaron a la que presidía el diplomático hondureño.
Pary ignoró la petición del diplomático hondureño para asumir la presidencia y permitir que la canciller argentina, Susana Malcorra continuara su exposición a nombre de los países del Mercosur, a cargo de la presidencia pro tempore, y consideró que el acto significó una usurpación.
El representante alterno de Venezuela, Samuel Moncada, continuó la protesta tras el retiro de Pary, y sostuvo un intercambio de gritos con el embajador argentino Juan José Arcuri.
Las delegaciones de Venezuela y Nicaragua abandonaron luego la sala, aunque el quórum legal se mantuvo pese a que varios países del Caribe se abstuvieron de participar.
En su turno, el embajador de Mexico Luis Alonso de Alba reiteró el rechazo a la decisión «unilateral y arbitraria» de Pary de suspender la sesión extraordinaria, que destacó, fue solicitada por una mayoría de países de la organización.
«Ha sido una sesión muy compleja, pero era muy importante mantener la institucionalidad en esta casa. Este Consejo no puede estar subordinado a las decisiones unipersonales de ninguno de sus miembros», expuso De Alba.
«Somos un cuerpo colegiado y el presidente debe en todo momento debe responder a esta responsabildad frente a los 33 estados restantes que nos sentamos en esta mesa», dijo.
A su vez, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, defendió la convocatoria de la sesión, y dijo que a raíz de los hechos recientes y el aumento en el número de presos políticos «no se puede negar que (en Venezuela) hay un problema y que hay un rompimiento del orden constitucional».
Notimex