Los cabilderos, quienes gestionan que las leyes sean favorables a sus clientes, en la Cámara de Diputados deberán inscribirse en un registro público, por primera vez en la historia parlamentaria del país, y sujetar sus actos, hasta ahora invisibles dentro del Congreso, a reglas de transparencia.
Son profesionales del contacto con los legisladores, que generan facturaciones por decenas de millones de pesos anuales, y deberán dejar registro documental de sus actividades en el Palacio Legislativo, y que tendrán prohibido dar dinero o beneficios en especie a cambio de incidir en un proyecto de ley o reformas a la legislación.
Por disposición del Reglamento de la Cámara de Diputados, que se aprobó el 15 de diciembre 2010 y entró en vigor el primer día de enero, para el periodo de sesiones que se inicia en febrero, los cabilderos de empresas y de organizaciones civiles deberán registrar a sus representantes, su domicilio, así como la relación de comisiones legislativas o áreas de interés en las que desarrollen sus gestiones.
El surgimiento
El cabildeo cobró interés en el Congreso mexicano, una vez que en 1997, el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y las fuerzas de la oposición decidieron sobre el curso de las decisiones en San Lázaro. Entonces, los legisladores dejaron de responder a los dictados del Ejecutivo y las empresas privadas, cuyos directivos antes iban a Los Pinos y a las oficinas de los secretarios del gabinete federal, tuvieron que valerse de las técnicas del lobbying, como se le llama en el congreso de EU, para proteger sus intereses en la preparación de una ley.
Al cierre de 2010, en San Lázaro las tareas de cabildeo o lobbying fueron realizadas por personal de despachos profesionales, contratados por las empresas, que han tenido acreditación para acceder a un palco ex profeso en el salón de sesiones, desde el cual tuvieron contacto con los legisladores. También actuaron en el trabajo en comisiones, donde fueron escuchados en la fase de estudio de temas legislativos.
En cambio, en 2011 se inaugurará una etapa en la que cada cabildero deberá estar inscrito ante la Mesa Directiva, con requisitos mínimos de identificación, un domicilio y las comisiones y asuntos que interesan al gestor.
La autoridad de la Cámara de Diputados puede rechazar la solicitud. Tras su registro, un cabildero recibirá un gafete que le permitirá el acceso al Palacio Legislativo y deberá portarlo durante su presencia allí.
En comisiones, deberán entregar constancia documental de sus gestiones que irán a un archivo de cabildeo y serán publicadas en internet.
“Los documentos de cabildeo deberán publicarse en la página electrónica de la Cámara de Diputados para que puedan ser objeto de consulta pública”, dicta el Reglamento de este órgano del Congreso de la Unión.
El ordenamiento señala que “los diputados y diputadas, así como el personal de apoyo de la Cámara de Diputados, se abstendrán de hacer recomendaciones que equivalgan a un cabildeo, cuando obtengan beneficio económico o en especie”.
Tampoco podrán recibir esos beneficios por actos de cabildeo, el cónyuge del legislador, sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado o terceros con los que tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios, se establece.
Senado, más flexible
Mientras que el Reglamento de la Cámara de Diputados ocupa seis artículos con diversos numerales para regular el cabildeo, su contraparte, el Senado de la República, en su ordenamiento vigentes desde junio de este año, sólo dedica dos artículos a esta actividad, sin dar lugar a la obligación del registro de cabilderos ni al archivo de cabildeo.
En el Senado, los legisladores y sus comisiones deberán informar a la Mesa Directiva, “para su conocimiento”, de las actividades que realizaron ante ellos los cabilderos en la promoción de sus respectivos intereses.
El Reglamento del Senado de la República, considera como ilícito, que un senador o el personal de apoyo “acepten dádivas o pagos en efectivo o en especie, por parte de persona alguna que realice cabildeo” para influir en las decisiones legislativas.
Agencia El Universal