Jesús Zambrano y Cecilia Romero, actuales dirigentes del PRD y PAN respectivamente, rechazaron las leyes en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que fueron enviadas el día de hoy por el presidente de la República Enrique Peña Nieto, ya que, aseguran, no refleja el espíritu de la reforma aprobada el año pasado.
“Las reformas legales deben mantener su sentido democrático, antimonopólico y de defensa de las audiencias que se encuentra plasmado en el texto constitucional vigente. PRD y PAN no aceptan que la Carta Magna sea violada y disminuida a través de las leyes reglamentarias.”, señalaron los dos presidentes en una conferencia conjunta.
A través de un comunicado, denunciaron la intención de volver a colocar algunas facultades bajo la tutela del Ejecutivo de la nación.
“Varias facultades del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones pretenden ser reducidas o alojadas nuevamente en el Ejecutivo, como si no se hubieran transferido al nuevo instituto en su carácter de órgano autónomo”, afirmaron en un comunicado conjunto.
También mencionaron la intención política escondida dentro del texto constitucional enviado, mismos que no se encuentran dentro de la reforma que había sido discutida dentro de la reforma constitucional en el Congreso.
De esta forma ambos partidos hicieron el llamado apara que “todos quienes apoyaron o simpatizaron con la reforma de 2013 a exigir su respeto puntual”.
Sin embargo, no se cerraron a discutir el tema de telecomunicaciones a fin de lograr un dialogo más responsable.
INDUSTRIA DE RADIODIFUSIÓN TAMBIÉN ACUSA SOBRE REGULACIÓN
La iniciativa de ley secundaria en materia de telecomunicaciones que envió el Ejecutivo al Senado implica “nuevas y severas cargas” para la industria de la radiodifusión, pues se imponen obligaciones y limitaciones adicionales a las ya vigentes, aseguró la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).
En una circular enviada a sus agremiados, el organismo señala que el “proyecto de ley cambia radicalmente las condiciones de operación para la radio y la televisión en México”.
Refiere que en la iniciativa de ley se incorporan disposiciones que se traducen en una sobrerregulación y fomentan la evaluación subjetiva de los contenidos y de lo que puede considerarse como contenido publicitario, así como de la propia información noticiosa que se radiodifunda.
“La ética ha sido un parámetro permanente en el servicio que la radiodifusión mexicana ofrece a sus audiencias. El hecho de imponer una regulación con criterios para la elaboración de códigos de ética constituye un probable riesgo de intromisión a la independencia editorial”, señala.
Asimismo, dice, se establece una figura de “Defensor de la Audiencia”, cuya naturaleza y características nulifican las funciones de su Consejo de Autorregulación, lo cual se traduce en nuevas cargas administrativas, opinó la cámara.
La iniciativa aborda la creación del nuevo organismo de radiodifusión pública estatal que, además de las asignaciones presupuestales, prevé la venta de tiempos y servicios, significando una nueva y ventajosa competencia para la radiodifusión comercial, afirmó.
Además, busca ampliar la cobertura de los medios públicos mediante la asignación directa de concesiones en las entidades federativas, lo que los exenta del proceso de licitación pública al que sí se obliga a los concesionarios privados.
La propuesta de ley contempla formas de financiamiento para las concesiones de uso público y social (comunitario) que en los hechos y sin vigilancia de la autoridad como históricamente ha ocurrido, abren las puertas a que esos medios comercialicen en iguales condiciones a la radio y televisión comercial.
Ello, opina, constituye un severo golpe al potencial de las empresas afiliadas a la CIRT.
Se indica, dijo, que las infracciones (por asuntos técnicos y de contenidos) a lo dispuesto por la iniciativa de ley serán sancionadas con multas que corresponderán a porcentajes de los ingresos del concesionario, lo que magnifica severamente el efecto gravoso de las sanciones, frecuentemente injustificadas.
“A pesar de que ha sido una preocupación continua y un reclamo legítimo de nuestra industria, la iniciativa no contempla ninguna acción o programa de trabajo para combatir la proliferación de estaciones piratas de radiodifusión, pese a las graves afectaciones y riesgos para el país que conllevan”, refiere.
Para emitir autorizaciones de multiprogramación, la iniciativa de ley da un giro y pretende el pago de una contraprestación que actualmente no es necesaria y nulifica las autorizaciones dadas anteriormente a estaciones de radio y televisión para multiplexar.
“La iniciativa pretende que los tiempos oficiales en radio y televisión se paguen ya no por cada estación de radiodifusión, sino ahora por cada canal y sub-canal de transmisión, con lo que pretenden multiplicar (multiplexar) los tiempos oficiales o gratuitos para el Estado”, establece.
En el caso del radiodifusor preponderante (Grupo Televisa), además se limita el número de canales que puede multiplexar, dependiendo del número de canales disponibles en cada plaza.
“Se mantiene el mismo tiempo susceptible de comercialización que existe desde 1960, cuando los esquemas de comercialización en todos los medios de audio y video han cambiado y no son tan acotados”, subraya.
INF./NOTIMEX