México.- La Comisión Permanente abrió el proceso de análisis del veto presidencial al decreto de la Cámara de Diputados, el cual manda al Ejecutivo a integrar un fondo financiero por 10 mil millones de pesos para atender la emergencia en el sector rural de 20 estados, afectados por sequías, heladas e inundaciones ocurridas en 2011.
El Ejecutivo fundamenta la suspensión de la entrada en vigor de esa disposición de los diputados, con una exposición legal en la que asegura que en San Lázaro se violó la Constitución, al emitir dicho decreto.
Señaló que para poder ordenar ese gasto, las dos cámaras del Congreso debieron haber emitido una ley específica, y que el Ejecutivo federal está impedido de gastar recursos que no se incluyen en el Presupuesto de Egresos.
Asegura en sus observaciones que los gobiernos locales tienen responsabilidad concurrente con la del Ejecutivo en la atención de las contingencias por causas meteorológicas, por lo que, subraya, «es necesario hacer un esfuerzo integral de planeación, recaudación y eficiencia en el ejercicio del gasto público federal y local».
La exposición de motivos del Ejecutivo antepone el sustento jurídico del veto, facultad que entiende como una «instancia revisora» que tiene como propósito principal, propiciar espacios para el diálogo con el poder Legislativo.
La información relativa a la dimensión del desastre en el campo, que para los diputados que votaron el decreto detenido por la Presidencia de la República es causa de hambruna, fue omitida en la exposición de motivos del Ejecutivo, que reporta un gasto para esas contingencias por tres mil millones de pesos, en el último trimestre de 2011.
Agencia El Universal