La Procuraduría General de la República (PGR) da un nuevo giro a las investigaciones sobre la desaparición de normalistas en el municipio perredista de Iguala, Guerrero.
En víspera del segundo aniversario de aquel crimen múltiple, que ha marcado al gobierno de Enrique Peña, la dependencia abandona la “verdad histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam.
Para ello realizará un nuevo peritaje -el quinto- porque “podría ser lo más pertinente” para aclarar en definitiva lo sucedido aquella noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, anunció el fiscal Alfredo Higuera.
Antes de iniciar los trabajos, siempre con colaboración de expertos internacionales, será necesario el acuerdo colectivo de los familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
El centro neurálgico del peritaje será el basurero de Cocula, otro municipio perredista donde supuestamente los policías de los ayuntamientos del sol amarillo entregaron a los jóvenes al cártel Guerreros Unidos.
El caso no está detenido y siguen las averiguaciones desde distintos aspectos, pues todas las líneas de investigación, tanto las aporradas por los familiares como los detenidos e inclusive los expertos extranjeros, han sido tomadas en cuenta.
Así ha sido posible saber que después de aquel sábado 27 de septiembre varios celulares siguieron activos y se hicieron llamadas, posiblemente de quienes atacaron a los normalistas.
Para entonces, según las investigaciones y declaraciones de los capos de Guerreros Unidos detenidos, los 43 estudiantes ya habrían sido asesinados y, en su caso, incinerados en Cocula.