México.- El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, rechazó que en las investigaciones que efectúa la Procuraduría General de la República (PGR) se actúe con fines políticos en la aplicación de la justicia.
Por el contrario, el funcionario federal ratificó que las instancias encargadas de la procuración de justicia en México actuarán hasta el extremo de sus facultades, a fin de llevar ante los juzgados casos sólidos en la materia y castigar a los responsables.
Al ser cuestionados de la situación jurídica de tres ex gobernadores de Tamaulipas, precisó que existe una serie de indagatorias en el marco de una averiguación previa, por lo que corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR) dar la información correspondiente en el marco de la reserva que impone la ley.
En un comunicado, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) resaltó que la tarea del Ministerio Público federal es dar certidumbre y apegarse a la legalidad.
Poiré Romero indicó que el gobierno federal trabaja bajo en un esquema de división de poderes, de transparencia y de rendición de cuentas basados en los resultados de las instituciones de procuración de justicia.
Al hablar de las reformas pendientes, opinó que con el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, que iniciará el miércoles, se dará la oportunidad de encontrar espacios de coincidencia con los diferentes partidos políticos.
Comentó que para ello, la Federación trabaja de manera cercana y coordinada con los diversos grupos políticos y las bancadas legislativas, a fin de dar a la sociedad los resultados que demanda.
El titular de la dependencia recordó que desde su llegada al cargo el diálogo ha sido el medio más importante para acordar, con el Poder Legislativo y las distintas fuerzas políticas, las reformas que el país necesita en materias laboral, de seguridad y justicia, entre otras.
Alejandro Poiré Romero destacó la importancia de concretar, lo antes posible, los cambios a las leyes de Extinción de Dominio y de Seguridad Nacional, así como a las reformas al Código de Justicia Militar contra el ‘lavado’ de dinero.
Además deberán ser discutidas la nueva Ley de Testigos Protegidos y la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas, así como los cambios al Código de Procedimientos Penales.
Reiteró que la Segob asume plenamente el compromiso de mantener abierto el puente de comunicación y diálogo con los legisladores de todos los partidos políticos para concretar las reformas legislativas pendientes.
‘El gobierno federal cumple con su obligación constitucional y su compromiso de garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades de todos los mexicanos’, abundó.
‘Es por ello que expresamos nuestra confianza y reiteramos nuestro respaldo para que desde el Legislativo se siga cumpliendo con el deber y con la tarea histórica que hoy está en manos de las señoras y señores legisladores’, externó.
El secretario de Gobernación hizo estas declaraciones poco después de que un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitiera por error una alerta migratoria contra los ex gobernadores tamaulipecos Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández.
Explicó que corresponde al Ministerio Público informar, en el marco de la reserva a la que están obligados por ley, la razón por la que se sigue esa investigación, al recordar que a la SCT no le correspondía emitir una alerta migratoria.
‘Lo que ocurrió fue un error de este funcionario de la SCT que se extralimitó en sus funciones, derivado de una indagatoria que ha hecho la PGR y eso es lo que está ocurriendo, nada menos, nada más’, planteó Alejandro Poiré.
Agencia El Universal