Sin la amenaza de que el gobierno “explora todas las alternativas para proceder legalmente” contra quienes lo denunciaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y de lesa humanidad, el impacto del caso habría sido menor. Mal queda un mandatario cuando se lanza contra sus acusadores, permanentemente.
El suceso fue maximizado por el presidente Calderón y corre el peligro de ser el primer mandatario mexicano en ser juzgado por una corte internacional. En igual peligro estuvo el 15 de marzo del 2008 por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, detenido al parecer en un retén militar.
En aquella ocasión viajó a Costa Rica el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para argumentar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que esta institución carecía de competencia para conocer el caso porque la desaparición de Radilla sucedió antes de que México reconociera la jurisdicción de ese organismo. Ahí terminó todo.
Esta vez es distinto. La queja presentada el viernes pasado en la CPI por Netzaí Sandoval Ballesteros y John Ackerman fue calzada con 23 mil firmas. El primero es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y le dirigió su tesis el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel. Es decir, está bien asesorado. A Ackerman se le relaciona con organizaciones no gubernamentales, como el Centro Agustín Pro.
Algunos juristas y políticos creen que esta queja no prosperará porque carece de fundamentos y en ello coincide el inminente candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto.
Los legisladores del PRD y activistas rechazan el argumento del presidente Calderón de que las fuerzas federales cumplen con su deber y apoyan al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delincuentes. Sin embargo, él da las órdenes y su estrategia ha causado más de 50 mil ejecuciones y la constante violación a los derechos humanos por las mismas fuerzas.
También podría ser agregada a dicha denuncia la desaparición de 16 mil 782 personas en el sexenio, de acuerdo con el conteo permanente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La Corte Penal Internacional evalúa la acusación presentada por Netzaí Sandoval y, de ser aceptada, se le abriría juicio al primer mandatario. El régimen calderonista recurrirá a cuanto pueda para desbaratarla.
EN LA INFRUCTUOSA búsqueda de su hijo, desaparecido en Sonora, Nepomuceno Moreno solicitó apoyo al presidente Calderón en el acto de octubre 14 en el Castillo de Chapultepec, por las amenazas dirigidas en su contra, y el Ejecutivo federal le dijo que recibiría protección. El infortunado activista fue muerto, de cinco tiros, el lunes pasado.
En vez de esclarecer el artero asesinato, el gobierno de Sonora se empeña en denigrar al victimado porque estuvo preso de 2005 a 2009 por la posesión de un arma. También se le relacionó con un homicidio, pero fue absuelto. Nepomuceno se incorporó al Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia.
EL YERNO DE ELBA Esther Gordillo, Fernando González Sánchez, entregó su renuncia el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, quien permanece en su puesto a pesar de padecer cáncer. González fue nombrado subsecretario de Educación Básica al inicio del sexenio por el desempeño de la maestra en la campaña presidencial de Felipe Calderón, quien también otorgó a la maestra la Lotería Nacional y el ISSSTE.
El Panal de Gordillo formalizó alianza con el PRI la semana pasada y se acordó que el yerno famoso sea senador aliancista. Qué cómodo es tener una suegra de ese nivel.