En un ejercicio ciudadano sumamente positivo, verdaderamente inédito, sin precedente en la historia de los medios de comunicación en México, los periodismo oaxaqueños continúan exigiendo respeto absoluto a su labor informativa y laboral.
Las acciones emprendidas inicialmente de manera simultánea para acordar un veto a la información generada por la Sección XXII de la CNTE continuaron ayer con una protesta pacífica en la Fuente de las Ocho Regiones de la capital oaxaqueña.
Hartos de los asesinatos de seis compañeros, amenazas, agresiones físicas y verbales en 123 casos, ocurridos durante los primeros nueve meses de este año, los periodistas oaxaqueños decidieron coincidir en la defensa de sus derechos e intereses comunes.
De enero del presente año a la fecha, han tenido lugar 123 agravios contra 74 periodistas y comunicadores, lamentablemente, salvo en los casos que se trate de periodistas militantes en algún partido de izquierda u organización social, Derechos Humanos no les defiende.
Claro que si se trata de activistas o milicianos de alguna organización social, cuanto más radical mejor, de inmediato interviene la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y dicta las correspondientes medidas cautelares a favor de éstos.
Además, el Ombudsperson contribuye abiertamente a hacer escándalo nacional e internacional de los asesinatos y agresiones a los periodistas activistas y militantes, con el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de organizaciones afines.
Totalmente entendible, jamás justificable, porque desde hace muchos años Arturo Peimbert Calvo ha sido activista y militante de organismos defensores de los derechos humanos, exclusivamente de sus cofrades y correligionarios izquierdosos.
Cada vez menos oaxaqueños ignoran que Arturo Peimbert Calvo y los consejeros de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) batean por la izquierda y están dedicados de tiempo completo a proteger a los activistas antisistémicos.
Prueba de ello, algunos aparecen, incluso, en la nómina de la Defensoría y tienen a su disposición vehículos oficiales de la misma, como ha ocurrido con el ex vocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa Villavicencio.
No falta razón, pues, a los periodistas y propietarios de los medios de comunicación impresos y a los concesionarios de los medios electrónicos, así como de los portales digitales, cerrar filas, para impulsar mecanismos propios de autodefensa de sus derechos.
Después de 36 largos años, que dura ya el prefabricado conflicto magisterial, finalmente los periodistas y propietarios de los medios de comunicación, se convencieron que están solos en la defensa de sus derechos frente a las agresiones de la CNTE.
Al mismo tiempo, llegaron a la dolorosa, pero realista conclusión, que lo que ellos no hagan por sí mismos nadie lo hará. Ésta es una verdad categórica, porque hasta ahora a ningún orden de gobierno ha interesado realmente proteger y defender a los periodistas.
No falta razón, pues, a los periodistas oaxaqueños al impulsar el hashtag @Veto_S22SNTE al igual que accionar con la protesta pacífica en la explanada de la Fuente de las Ocho Regiones para llamar la atención de la población en general y de la propia CNTE.
Mujeres periodistas que laboran en los diversos medios de comunicación en Oaxaca exigieron a las autoridades estatales investigar las agresiones de las que han sido víctimas los integrantes de los medios de comunicación en Oaxaca.
En representación de las periodistas, Mónica Castañeda pidió a las autoridades no ser omisos ante la situación que se vive en Oaxaca, luego que en los últimos meses se han registrado más de 10 agresiones a fotógrafos y reporteros.
Dijo que actualmente hay una serie de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Oaxaca, sin embargo, hasta el momento la dependencia se ha negado a informar de los avances en las investigaciones.
Los periodistas no pecamos de ingenuos, menos todavía nos chupamos el dedo, por tanto, no ignoramos que en la revuelta comunista de la CNTE en general y, de manera particular de la Sección XXII de Oaxaca, están en juego miles de millones de pesos.
Tampoco ignoramos que generacionalmente el presupuesto educativo fue tomado como botín por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los partidos y organizaciones políticas y sociales radicales, así como los grupos armados que le apoyan.
Ésta es la razón de fondo por la que los dirigentes visibles y clandestinos de la CNTE están dispuestos a incendiar los estados de Michoacán y, sobre todo, los tres del Sur de México Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que representan su principal bastión.
Desgraciadamente, a lo largo de 36 años han contado con la complicidad de los gobernantes, funcionarios y políticos, que les han utilizado como arietes para conseguir sus objetivos políticos sin importarles el interés general de la nación.
No les ha importado, asimismo, llevarse entre las patas a más de un millón de niños y jóvenes oaxaqueños, hijos de indígenas, campesinos, obreros, colonos y clasemedieros en extinción, quienes tienen como única opción para prepararse las escuelas públicas.
A pesar de cometer de manera continua y permanente un crimen de lesa humanidad, el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado continúan cediendo a las presiones y chantajes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Manuel Andrés López Obrador, presidente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se ha montado en el conflicto magisterial y utiliza a la CNTE como plataforma electoral rumbo a la elección presidencial en 2018.
A pesar de saberlo, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto inexplicablemente lo permite, no obstante contar con los recursos legales para impedirlo, por el contrario, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación arrebata triunfos al PRI y los entrega a Morena en Oaxaca.
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